La Dra. Adriana Graziuso, directora General de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, dijo a FM GENTE que el gobierno tiene la potestad de decidir, en forma excepcional y transitoria, el cierre de la costa del departamento para velar por la seguridad de los habitantes. Además, destacó que tiene el deber “de ayudar” en la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo.
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WhatsAppPor lo tanto, “está la imposibilidad del uso” y la violación de esta disposición llevará a que quien lo haga se encuentre comprendido “en el delito de desacato”, de acuerdo a lo que prevé el artículo 173 del Código Penal, sostuvo.
Por tanto, ante esta eventualidad se procederá “al uso inmediato de la fuerza pública. Estamos autorizados por la Constitución y después se dará cuenta al fiscal de turno. Ese es un poder que tiene la Intedencia”, afirmó.
La jerarca señaló que, primero, se invita a la persona a salir. “Y si insiste, queda configurado el delito de desacato”, precisó.
“Es increíble que tengamos que hablar de esto en medio de una pandemia”, comentó. “Se esperó todos estos días a que la exhortación diera resultado. Es público y notorio que no ha tenido el acatamiento de muy pocas personas… Tampoco vamos a decir que es la mayoría de la población”, admitió.
“Se van a inhabilitar esos espacios y el que no cumpla va a tener las consecuencias, con la denuncia y la actuación de la fuerza pública, a requerimiento de la Intendencia”, resaltó.
También aclaró que se está hablando de la inhabilitación de todos los “espacios costeros” y sus accesos a esas zonas. “Las playas, los estacionamientos, también, al igual que la costa. Incluso las costas de los arroyos ríos y lagunas”, añadió.
Dijo que la Policía o Prefectura puede actuar directamente, pues ya recibieron la comunicación de la IDM, como también lo están haciendo con la Fiscalía.
25 Apr 2024
21:01
