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Hace casi un año Francisco Larrosa salió a los medios de prensa de San Carlos y, por extensión, a los de Maldonado, para acusar fallas en la gestión de tránsito municipal y tirar munición pesada contra el alcalde Gregorio Quintana.

También estuvo involucrado en una denuncia por anulación y adulteración de multas, que finalmente no se incluyó en la investigación sumarial porque habían llegado a las autoridades en forma anónima y las habían “sustraído” de un cajón.

Inicialmente, Larrosa fue separado de su cargo durante seis meses, con la retención preventiva de medio sueldo. Al cabo de ese tiempo, la administración lo restituyó en sus funciones pero lo sancionó con la retención total del salario, por lo cual volvió a trabajar con medio sueldo.

Finalmente, el 8 de agosto la intendente interina Silvia Pérez Plada firmó la resolución con el cese del contrato del funcionario.

LA DECISICIÓN

El documento, consignado este jueves por Correo de Punta del Este, señala que Larrosa incumplió el Estatuto del Funcionario Municipal, donde se establece que “debe ejercer tareas guiado por los deberes de eficiencia, reserva, lealtad y fidelidad respecto al servicio, actuando siempre con el debido respeto y obediencia hacia sus jerarcas y evitando que cualquier conducta que pueda desprestigiar a la Administración”.

También se entiende que el funcionario incumplió su deber de “denunciar aquellos hechos irregulares de que tuviera conocimiento en razón de su cargo”.

ANTECENTES

En julio de 2012, Larrosa instaló una carpa en la plaza Artigas de San Carlos, para protestar por la investigación de que era objeto y reclamar su derecho a expresarse como “vecino” de la ciudad.
Entonces también inició una huelga de hambre que le duró dos días, tras ser disuadido por dirigentes de ADEOM que, de todas formas, no se involucraron en el caso.

Larrosa insistió e en que hubo irregularidades en la investigación abierta cuando las autoridades de Tránsito recibieron un sobre anónimo con presuntas pruebas de irregularidades, que incriminaban a cuatro inspectores.

Esas pruebas no se tuvieron en cuenta pero sí otros datos que permitieron a las autoridades concluir que Larrosa quiso favorecer a un particular en un trámite para sacar la licencia de conducir y que, además, se negaba a trabajar con uniforme para evitar ser agredido en la calle.
mr