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Sena informó que, al igual que los que se busca con la creación del registro de agentes inmobiliarios, que està contenido en otro proyecto de ley, el objetivo “es preservar el destino”.

“La idea es generar un registro para que las viviendas a ofrecer estén en buenas condiciones para el turista”, que tendría que ser controlado por las intendencias, agregó.

Estos dos proyectos son impulsados por las gremiales inmobiliarias de toda la zona costera del país, recordó.

SIMILAR A LO QUE RIGE PARA UBER

“Es algo similar a lo que rige hoy para Uber en Montevideo y en Maldonado. Es una ordenanza que pone las cosas claras”, indicó.

Dentro del registro, según la iniciativa, entrarían los inmuebles alquilados más de cinco veces en un año.

El titular de la gremial remarcó que con esto “gana el estado, porque percibe impuestos… Hoy esos alquileres que se hacen a través de las aplicaciones no pagan IVA ni IRPF. Y tampoco dejan el dinero en el país… Son empresas multinacionales, que cobran con una tarjeta y el dinero ni siquiera ingresa a Uruguay”.

Agregó que el propietario también se ve beneficiado, porque hay un contacto directo con el cliente “y se procura cobrar el mejor precio posible”. De todas formas, aclaró que el propietario también puede arrendar el bien a un tercero, como lo establece la Constitución. “Lo que se trata es que el bien se pueda ofrecer a más gente y tener la mayor seguridad de sacarle un provecho”, ya que por lo general los alquileres se destinan a cubrir gastos comunes y Contribución Inmobiliaria, entre otros.

Precisó que este proyecto no busca perjudicar al vecino, sino a favorecerlo. “Busca que las empresas irregulares, estén regularizadas o no puedan trabajar”, explicó.

Manifestò que el tema fue planteado hace algunos meses a la ministra de Turismo, Liliam Kehichián. Expresó que la secretaria de Estado quedó de averiguar en qué estaba el tema, pero hasta ahora “no hemos tenido respuesta”.

“Esto es voluntad política. En este país se han regulado muchas otras cosas que tienen mucho menos incidencia para el Estado y para la gente. No hay que olvidarse que este rubro, en el país, tiene más de 30 mil personas trabajando directamente. E, indirectamente, hay muchas más”, remarcó.

RECAUDACIÓN DE LA DGI

El País informó que la Dirección General Impositiva (DGI) ya cobró a las aplicaciones $ 616,8 millones -lo que equivale a US$ 18,4 millones- de IVA e Impuesto a la Renta, correspondiendo $ 50,8 millones -US$ 1,5 millones- a plataformas de alojamiento.

Sin embargo, una fuente oficial señaló que en ese sector, así como en cadetería y alquiler de monopatines, había empresas no registradas y que serían fiscalizadas próximamente.

La firma más importante dentro del mercado de arrendamientos es Airbnb, que mantuvo una reunión por los temas de su regulación con autoridades de los ministerios de Economía y Turismo en mayo de 2018, se indicó.