Aprobado en forma definitiva ayer por la Cámara de Diputados, este régimen de facilidades busca darle la oportunidad a las empresas para que regularicen su situación financiera.
Este proyecto promovido por el gobierno pone el foco en las micro y pequeñas empresas, facilitando que regularicen su situación ante el Banco de Previsión Social (BPS).
Fue aprobado ayer miércoles por la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobado de manera unánime por el Directorio del BPS (que incluye tanto a directores políticos como a los representantes sociales de trabajadores, empresarios y jubilados).
El legislador de Maldonado Joaquín Garlo dijo hoy en la Página Central de la Revista que el proyecto busca beneficiar a unas 37.000 empresas deudoras.
“Hoy por hoy, de las 340.000 empresas activas que hay en el Uruguay, 93% cumplen con sus obligaciones tributarias, es decir, están al día. Solamente hay unas 37.000 empresas morosas, de las cuales 4.000 están en actividad. Y de esas empresas morosas, el 97% son empresas micro y pequeñas o unipersonales. Entonces, claramente ahí es donde definimos poner el foco para que esos empresarios puedan regularizar la situación y de esa manera también impulsar la recuperación del empleo y de la actividad económica”, puntualizó el diputado del Frente Amplio.
La normativa también prevé las situaciones de las empresas inactivas que mantienen deudas. “Para aquellos titulares que hoy por hoy no pueden gestionar sus jubilaciones, empresarios que tienen deudas con el BPS y que no se pueden jubilar, este régimen de facilidades, entre otras cosas, busca regularizar sin afectar las gestiones de jubilación de los titulares de las empresas”, explicó Garlo.
“El proyecto establece expresamente una serie de particularidades como, por ejemplo, la diferenciación entre la financiación de aportes personales y de aportes patronales, la facilidad para las micro y pequeñas empresas de que no tengan que hacer el pago inicial de tres meses anteriores - solamente esa obligación será para las medianas y grandes empresas -, y también la posibilidad de suspender las acciones judiciales que estén en curso a partir de la firma de los convenios de pago”, detalló.
El legislador añadió que un elemento diferencial de este proyecto que fue votado por unanimidad en Diputados, “es que si en el futuro surgen regímenes más beneficiosos para quienes firmen estos convenios, los obligados, las empresas se van a poder suscribir a esos nuevos beneficios más beneficiosos”.