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Bonsignore indicó que “terminó el plazo para presentar las impugnaciones por parte de aquellos acreedores que no verificamos los créditos, que el síndico contempló que no se verifiquen… Entonces, presentamos las impugnaciones y en este momento se están por formar las piezas por separado de aproximadamente 20 o 30 impugnaciones, lo que es un número muy elevado”.

Manifestó que esto “me lleva a decir que la Junta de Acreedores de Camvirey (Cambio Nelson) prevista para el 26 tendría que suspenderse”. Conformó que se había anunciado que en esta reunión iba a intervenir el propietario de la empresa, Francisco Sanabria Berrios, citado por la justicia de Concursos.

El abogado expresó ahora que, según los antecedentes de otros casos, en una situación así la reunión de la Junta se suspende porque si hace lugar a las impugnaciones “habría que retrotraer las etapas procesales, lo que es muy complicado”-

También recordó que los dos mil acreedores iníciales, luego se pasó a 70 u 80. “Y de esos solo 20 o 30 impugnamos…. Quiere decir que somos los que seguirnos en carrera, junto a los pagos verificados que hubo”, subrayó.

Como se había informado, el viernes 18 de agosto, el síndico nombrado por la Justicia de Concursos no reconoció depósitos por US$ 10 millones realizados por 100 acreedores. Solo hizo lugar a los créditos por $ 3.522.747 (US$ 123.171 al tipo de cambio promedio de julio pasado) exigidos por la Dirección General Impositiva (DGI), Antel, UTE y Banco de Seguros del Estado. De los privados, fueron reconocidos los reclamos presentados por la empresa de transporte COT, artículos eléctricos Fivisa y supermercados Ta-Ta. Esa suma —los US$ 123.171 reconocidos— es un monto que el empresario podría afrontar sin inconvenientes, se indicó en su momento.

Bonsignore dijo ahora que en su caso está pidiendo otras pruebas a la jueza de concurso, que no reveló, aunque señaló, por ejemplo, que la contabilidad de Camvirey que “increíblemente” aún no se incorporó expediente. “Lo que pretendo es demostrarle a la jueza de concursos que el crédito de mi cliente no solo existe sino que es legítimo y tiene una causa que está asentada en este escrito”, manifestó.

Agregó que, en varios, casos, el síndico “entiende que no está justificada la causa, el origen que hace nacer el crédito. En otros casos, entiende que no son legítimos. Y en otros entiende que no está probada la existencia, porque la contabilidad –lo que es cierto- no se le ha brindado por parte del Juzgado Penal. Yo estoy pidiendo que, por oficio, el Juzgado Penal y el del Crimen Organizado remitan al Juzgado de Concurso la contabilidad de Camvirey, que estaba en un servidor del sistema informático. De esta manera se va a poder probar la causa, la legitimidad y la existencia de estos créditos”.

El abogado dijo que la jueza tendrá ahora que “diligenciar la prueba” presentada por quienes impugnaron para luego pronunciarse.

También señaló que si hay un fallo de la justicia adverso, se puede apelar. “La instancia mayor es la del Tribunal de Apelaciones”, afirmó.