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El abogado dijo a FM GENTE que “en realidad se trata de dos juicios, y no uno, que llevamos adelante con el Dr. Gabriel Valentín”.

Explicó que, en el caso de la instalación de líneas de alta tensión, los propietarios de los predios “tienen la obligación de soportar la servidumbre, siempre y cuando se haga acorde a la ley y respetando las normas construccionales”.

RESOLUCIÓN DE 2010
Recordó, asimismo, que la creación esta línea de alta tensión, de 150 kilovatios, que va de San Carlos hasta la Boya Petrolera, fue dispuesta en 2010, durante la presidencia de José Mujica. Indicó que, tras dictarse el decreto, “los ingenieros de UTE empiezan a hacer los trabajos de campo” para analizar el trazado. Además, mencionó que esta línea termina “en una estación transformadora, que es una obra muy grande y tiene un impacto uy grande desde el punto de vista paisajístico”.

“Nadie discute que sea necesario ampliar la capacidad energética de la zona costera… Esto va a alimentar no sólo a José Ignacio sino a los demás balnearios aledaños a la Boya Petrolera, pero el Estado tiene que hacerlo en forma correcta”, precisó.

Ramírez Saravia dijo que sus clientes, “los vecinos de José Ignacio, se enteran de esta línea recién en 2020”, tras una publicación de UTE de fines de 2019 realizada en el Diario Oficial, en la que detallaba los predios de servidumbre.

No obstante, manifestó que la familia Busquet, que tiene proyectado un fraccionamiento de 300 hectáreas en la zona y un desarrollo urbanístico, se entera antes, no sabemos por qué… Y se presenta en el año 2011” y plantea UTE un cambio en el trazado, que finalmente se dispone.

“Se le ofreció a la UTE un predio de una hectárea y poquito en una zona alejada de la costa... La saca de la zona suya y lo pone en la mitad de los predios de los otros vecinos”, señaló. Consideró que esto “es una violación flagrante al derecho de igualdad ante las cargas públicas, que no se podía hacer en secreto y en forma reservada con un solo vecino”.

Manifestó que a mediados de año se recurrió el decreto de imposiciones servidumbre y se descubrió que el trazado original “pasaba por los terrenos de Busquet. Hasta ahí la cosa era medio irregular”.

Agregó que UTE asume, a raíz de la donación del predio de la familia Busquet, que todas las líneas de media tensión “tienen que ser enterradas, lo cual es un hecho inédito en el país”. Remarcó que esto impone un sobre costo de 2.475.000 dólares, frente a una “donación modal” de un predio tasado en 45 mil dólares.

“Es un grosería la diferencia económica y que la UTE se haya obligado a ese monto”, aunque se plantea que eso se hace para evitar las eventuales indemnizaciones que podría plantear Busquet, por afutrase una zona turística y de riqueza paisajístico, enfatizó.

CONTRATO “NULO”
Sin calificarlo, dijo que el contrato “es nulo”, porque “el gravamen es mucho más caro que el beneficio que obtiene UTE”.

Además, dijo que el error queda “consumado” con el paso de los años. “Si Busquet hubiera hecho su desarrollo urbanístico en estos 10 años, y el lugar estuviera lleno de casas, uno diría: está bien, aunque se haya violado el principio de igualdad”, pero protegieron la zona turística, pero eso no ha sucedido.

“Vamos a presentar la acción de nulidad ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo contra la resolución de la servidumbre”, ya que el acto fue ratificado por el directorio, expresó. “Además, citamos a conciliación previo a un juicio de nulidad del contrato de donación, que es un contrato simulado”, añadió.

“Si cae la donación, cae la obligación de la UTE de enterrarle la las líneas en el predio de Busquet. Y se pone la situación en un estado lógico, que es el de igualdad entre todos los vecinos y que no haya hijos y entenados”, apuntó.

También dijo que, seguramente, tras la conciliación “la demanda civil va a ser presentada en un Juzgado de Montevideo. El objeto es definir si el contrato es válido o no. Si lo anula, las cosas vuelven para atrás; no se puede hacer la subestación”.