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Mientras que el Centro Patronal de Taxis de Maldonado (Cepatama) espera que la Intendencia intensifique los operativos contra Uber en la Semana de Carnaval, la comuna fernandina le baja el perfil al asunto. Juan Pígola, director departamental de Tránsito y Transporte, aseguró a El País que seguirán con el mismo régimen de inspección que vienen llevando a cabo desde que comenzó la temporada estival.

"Los taximetristas aspiran a que la Intendencia haga un mayor operativo en los próximos días antes del inicio del feriado de Carnaval (...) Se espera un resultado mayor por parte de la comuna", reiteró Ana Sorondo, abogada de Cepatama, que ya había sido entrevistada esta semana en FM Gente.

Como se informara, los taxistas, que denuncian una disminución de su trabajo de entre 20 y 30% por la llegada de la plataforma a Punta del Este, aseguran que la actuación de los inspectores de tránsito se endureció a partir del acuerdo alcanzado después de una acción de amparo tramitada por la gremial ante la Justicia de feria. Cepatama pidió que se obligue a la Intendencia a fiscalizar a los conductores que trabajaban de forma ilegal en el departamento. Todo terminó en un acuerdo entre las partes que fue homologado por el juez Diego González Camejo.

Pígola desmintió esta versión. "Todo está siendo tergiversado por la abogada", comentó. La acción de amparo, indicó, implica "un planteamiento del problema" que hasta ahora la gremial del taxi "no había hecho". "El acuerdo que se hizo es que vamos a escuchar el planteamiento como el de cualquier vecino de Maldonado. El acuerdo no obligó a nada a la Intendencia", agregó Pígola.

Desde que empezó a funcionar la aplicación se ha retirado medio centenar de chapas y se han aplicado un centenar de multas. Cada una equivale a 25 unidades reajustables (unos $ 25.000), con cinco más en caso de reincidencia.

Además de Uber, la Intendencia también ha constatado otras formas de transporte ilegal de pasajeros.

En cuanto a la forma de inspección, la comuna aclaró que es en los controles de velocidad y de exámenes de alcoholemia en los que actúan 120 personas en todo el departamento, cuando se detecta si existen choferes que no tienen autorización para trabajar. "No salimos a corretear a Uber, pero el hecho de no corretear no quiere decir que no se fiscalice", aclaró.

En el acuerdo entre las partes se estableció que jerarcas de la comuna se reúnan todas las semanas con representantes de Cepatama. Según informaron desde esa gremial a El País, la reunión de ayer fue cancelada por las autoridades departamentales.