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Esta iniciativa ha generado la reacción del Frente Amplio y de diversas organizaciones sociales, que afirman que la norma sería un “retroceso” y hasta una “pérdida de derechos” para los niños, por cuanto daría prioridad a la opinión de los padres por sobre las de los niños y no impediría las visitas de los padres que deban cumplir medidas cautelares por causas de violencia doméstica.

En tanto, la legisladora nacionalista Carmen Asiain, coautora del proyecto junto a Graciela Bianchi y Sergio Abreu, dijo que este martes el asunto ingresará a la Comisión de Constitución y Código del Senado de donde pasará directamente al plenario.

Respecto a los cuestionamientos de quienes se oponen a la norma preocupados sobre lo que ocurriría en casos de denuncias de abusos pendientes sobre los progenitores masculinos, la senadora aclaró que las garantías se mantienen tal como existían previamente. “Lo que tengo que decir es que el juez mantiene todas las potestades para adoptar las medidas cautelares que entienda pertinentes en este sentido. Eso el proyecto no lo toca; no se mete en el sentido de cambiar lo que ya hoy el juez puede disponer cuando hay situaciones de violencia”, señaló.

“El proyecto se centra en una situación de normalidad. Evidentemente, si hubo un caso de abuso no va a ser ‘en el interés superior del menor’ que dé la tendencia compartida. Insisto: el juez mantiene todas las potestades para denegarla, para establecer tobillera, orden de restricción, realojamiento de las víctimas, lo que estime pertinente. Eso no se cambia”, agregó.

Asimismo, destacó que “el INAU fue sumamente elogioso del proyecto” original, que luego fue objeto de “muchísimas modificaciones” y recogió las sugerencias de organizaciones sociales que opinaron sobre su contenido “para dar más garantías en todos los casos” y hacia todas las partes, añadió.

El Partido Nacional había asegurado hace unos meses que la iniciativa era una de las prioridades del presente período.