Se trata de una denuncia por la presunta violación de derechos humanos contra los argentinos - residentes en Piriápolis - Marcelo Balcedo y Paola Fiege, y contra sus hijos menores de edad. En el documento se afirma que opera un “impiadoso mecanismo para la persecución y aniquilación de su familia e hijos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo aceptó analizar la denuncia presentada por el empresario y exsindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege contra el Estado uruguayo, como informó FM GENTE en su momento, sino que ahora también le dio un plazo para responder.
El pasado 18 de febrero, el organismo notificó al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, y solicitó “una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”.
La notificación, a la que accedió FM GENTE, también señala que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos”.
La denuncia contra Uruguay, radicada por el abogado brasilero Leonardo de Carvalho Silva, en representación de Balcedo y Fiege, asegura que estos últimos no están siendo sometidos a un debido proceso legal y que se encuentran “privados ilegalmente de libertad” desde el 8 de enero de 2018, “ad eternum” (por toda la eternidad) señala la denuncia a la que accedió FM GENTE.
Agrega que esta situación afecta a los tres hijos de la pareja, menores de edad, “en virtud de la dependencia económica y socioafectiva”.
Los delitos por los que fueron acusados los argentinos - lavado de activos tráfico de armas y contrabando, entre otros - “desató una violenta persecución” contra ambos, buscando “sin límites” su destrucción, afirma el documento.
“Mucho peor es la postura pusilánime de las autoridades uruguayas, que nada absolutamente hacen, permitiendo que subsista ese estado escatológico, de violación de los derechos humanos de los denunciantes, sus hijos y familia”, dice otro pasaje de la denuncia que contiene 48 páginas.
Sobre lo anterior concluye: “En rigor, esa acusación no tiene mínima seriedad y debería haber sido debidamente enfrentada y rechazada por la Justicia uruguaya”.
En octubre de 2020, Balcedo fue condenado en Uruguay a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos y tráfico de armas - cumplidos mayormente en libertad vigilada - y Fiege a tres años por asistencia a lavado de activos.
Argentina reclama la extradición de ambos por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme). Aunque fue concedida formalmente por Uruguay, su ejecución se ha postergado sistemáticamente ya que la pareja ha presentado múltiples solicitudes de refugio para frenar el traslado, alegando persecución política.
Foto: capturas de fotografías divulgadas en denuncia