La iniciativa fue presentada por Sebastián Sanguinetti y plantea que las personas incluidas en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales no puedan acceder a estos tratamientos con recursos públicos.
El diputado colorado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas por delitos sexuales accedan a la financiación estatal para tratamientos de reproducción asistida.
Según explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, la propuesta alcanza a quienes hayan sido condenados por delitos como violación o abuso sexual especialmente agravado y se encuentren registrados en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. “Estas personas condenadas en el Registro Nacional de Abusadores y Violadores Sexuales no tendrían que ser financiadas por el Estado para poder tener su familia”, señaló el legislador.
Sanguinetti aclaró que la iniciativa no busca impedir que estas personas formen una familia, sino limitar el acceso a fondos públicos para esos procedimientos. “No quiere decir que nosotros con esto le estemos privando el derecho a estas personas a formar una familia. Simplemente le estamos diciendo que con el dinero de todos los uruguayos, no”, afirmó.
Indicó que el proyecto surgió a partir de información recibida sobre una pareja de Artigas que habría accedido a financiación para un tratamiento de fertilidad, pese a que el hombre había sido condenado por delitos sexuales. No obstante, reconoció que ese caso no pudo ser confirmado plenamente debido a que la documentación es de carácter privado. “No sabemos cuántos han podido acceder, capaz son muchos, capaz que no, pero nosotros queremos dejar sentado por ley este requisito”, expresó.
La iniciativa ya fue presentada en la Cámara de Diputados y pasó a estudio de la Comisión de Salud Pública. Sanguinetti aseguró que mantiene conversaciones con legisladores de distintos partidos para acelerar su tratamiento. “Hemos recibido el apoyo de muchos legisladores de diferentes partidos, así que creemos que es de sentido común que pueda llegar a aprobarse rápidamente en la comisión y después pasar al plenario de diputados”, sostuvo.
El legislador señaló que entre 2024 y 2025 “casi mil personas fueron condenadas por estos delitos” y remarcó que el proyecto refiere exclusivamente a personas con condena firme. Respecto al alcance temporal de la medida, explicó que la prohibición se aplicaría mientras la persona permanezca en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. “Nos manejamos en el proyecto para que se adecue a las personas que están dentro de ese registro, que pueden ser personas que estén 10 o 20 años”, indicó.