También negó que haya “una acometida recaudadora… Por poner un ejemplo, en un restaurant que tenga un televisor, el pago corresponde a un chivito por mes, porque son 330 pesos”.
Por otra parte, resaltó que “el sector audiovisual da muchísimos empleos”. Y dijo que la Intendencia de Maldonado ahora tiene una “film commission” y está tratando de “vender” al departamento como destino, para que haya producciones audiovisuales.
“Y eso lo quiere porque genera muchos negocios para todos: alquiler de habitaciones de hotel, apartamentos, restauración, seguridad… Todo lo que implica hacer una filmación en un sitio”, manifestó.
“Entonces, queremos que vengan, pero no queremos respetar sus derechos. Eso es como una especie de incongruencia, una mirada bastante poco estratégica”, consideró.
Nosei explicó, por otra parte, que se dispuso un pago bonificado para el primer año, como forma de que el comerciante se informe y luego pueda planificar este costo, al que tiene que hacer frente.
“El primer año, si tiene dos televisores o más, le hacemos un 50% de descuento. Si tiene uno, le hacemos el 10%. Lo hicimos para facilitar el licenciamiento y así se lo hacemos saber a los usuarios. Es transparente. No es para agarrar al usuario desprevenido. Para nosotros es un sacrificio hacer un 50% de descuento. Pero entendemos que es necesario, porque la gente no lo tenía previsto y tenemos que hacérselo más fácil”, agregó.
Destacó que, en Maldonado, “hay gente que ya está pagando. Y en defensa de esa gente y de los productores a quienes representamos estamos haciendo las acciones de seguir informando, de seguir regularizando… No entendemos la reacción de la Cámara, cuando podría informarse directamente. Hicimos una jornada de puertas abiertas el 11 de octubre. No tenemos nada que ocultar. Está todo a la vista. No fue nadie. Y luego mandan ese comunicado, confundiendo”.
Destacó que “ya se han sobrepasado las mil licencias” y señaló que se hacen verificaciones del cumplimiento de la normativa, aunque no dio detalles de cómo y cuándo, y se aplica lo que dice la ley, aunque aclaró que se confía, en principio, en la declaración del propio usuario.