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Aunque Dibbern aseguró que no les interesa iniciar una demanda judicial a la señora Salazar por las afirmaciones formuladas sobre la actuación que le cupo a la Intendencia de Maldonado en un caso con fallo judicial sobre las máquinas tragamonedas, deslizó al menos dos veces en la entrevista que analizan demandarla por “jactancia”.

“Sí, totalmente”, respondió contundente el abogado de Aufoje cuando le preguntaron si iban a pedir que Salazar rectificara sus dichos públicamente.

Dijo que “la reunión justamente que solicitamos con ella, si bien hago estas declaraciones públicas, es porque ella hizo o manifestó públicamente esa posición que nosotros entendemos equivocada”, en una entrevista concedida a FM Gente el martes 11 de junio.

“Queremos tener una reunión para que hablando se rectifique de esta equivocación, de estos errores conceptuales que ha tenido y que ha vertido a la opinión pública, porque es desinformar a la gente, y es lo que nosotros no queremos”, fundamentó.

Aseguró que desde la intendencia “también se ha generado cierto temor, o miedo en la gente, que dice…, no sé, sabemos que ha ido algún locatario a decir que quería abrir un bar y algún funcionario de la intendencia le dijo que si ponía máquinas aquí hasta va preso, lo cual es un disparate, y es generar un cierto temor que me da un poco de pensar que estamos viviendo otras épocas en el país, y no queremos eso”.


EL SUBMUNDO DEL JUEGO

Dibbern desveló en la entrevista de este viernes 14 de junio los intereses que están jugando en el mundo subterráneo del juego de azar.

Mostró presuntas evidencias de que la Dirección General de Casinos le entabló a Aufoje 48 demandas judiciales y las perdió todas. Argumentó que a partir de que perdía todos los juicios, la Dirección General de Casinos emitió en abril del año pasado una comunicación a las intendencias adjudicándoles la labor de policía en el control de funcionamiento de las tragamonedas.

Dijo que la única intendencia que asumió el papel que le adjudicaba Casinos, fue la de Maldonado. “Tendrían que hacer como hicieron todas las otras, decir este es un problema de Casinos, lo archivo, no voy a estar haciendo mandados para Casinos”, y apartarse del tema.

Y terminó destapando que en el comienzo de todo este conflicto, están los funcionarios de casinos que están pidiendo a la Dirección General que reduzca la presencia de las máquinas tragamonedas, porque las consideran una competencia para sus intereses.

Explicó que los funcionarios de casinos tienen una participación del 14% de las ganancias brutas de la Dirección General de Casinos, las que ubicó, en 2005, en más de 100 millones de dólares, por lo que los empleados se llevaron más de 14 millones de dólares, afirmó.

Expuso, al final de toda esta cadena, que un competidor directo de Aufoje, la banca de quinielas y Abitab, intentó una demanda contra ellos para reducir la actividad de las máquinas tragamonedas, y también la perdió.

“En conclusión, la falta de juego de azar no se configuraría en tales situaciones porque no existe ley que lo prohíba. No se configura el tipo penal ni la adecuación típica necesaria para ello”, leyó de la sentencia que les adjudicó el juicio iniciado por la banca de quinielas.

PRINCIPIOS DE LIBERTAD VS. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Dibbern fundó el argumento jurisprudencial en el que se basa Aufoje, en el principio de libertad que consagra el artículo 10 de la Constitución de Uruguay. Lo sintetizó en que “el Estado solo puede hacer lo que manda la ley, y los particulares pueden hacer todo aquello que no prohíba la ley”.

Citó al abogado y catedrático Carlos Delpiazzo, en su libro “Derecho Administrativo Especial”, página 399, donde expresa sobre las tragamonedas: “Como lógica e inexorable consecuencia es imperioso concluir que el desenvolvimiento de las mismas máquinas electrónicas configura una actividad económica privada, no monopolizada por el Estado, y por consiguiente comprendida dentro del campo de la libertad”.

“Ahora, cuando, como dice la doctora Salazar, se sustrae esa actividad comercial y ningún particular lo puede hacer, ahí estamos frente a un monopolio; para que exista un monopolio se necesita los dos tercios de los votos de componentes de la Asamblea General, que sustraiga la actividad del juego a los particulares y que (establezca que) sólo la pueda ejercer el Estado”, describió.

Inmediatamente completó: “Eso nunca pasó en el Uruguay; nunca ha pasado”.

“Tendrían (la actual conducción de la Intendencia de Maldonado) que hacer como hicieron todas las otras, decir este es un problema de Casinos, lo archivo, no voy a estar haciendo mandados para Casinos; que se dedique Casinos, Casinos tiene los inspectores y tiene la potestad esa para hacerlo”, expuso.

Añadió que Casinos “ya lo hizo y perdió todos los juicios; ahora está mandando a las intendencias; entendemos que no corresponde; en esos términos hablaremos con la directora (Salazar); esperemos que sí (acepte rectificarse públicamente), la gente hablando se entiende”.

“Los argumentos que tenemos nosotros son incontrastables, absolutamente; (Salazar) está totalmente equivocada, capaz que por desconocimiento, porque no sabe, o capaz que son los argumentos viejos que leyó o le dio la Dirección (General) de Casinos”, concluyó.


foto: tustragaperras.com