Facebook Twitter WhatsApp

El trabajo consiste en una análisis exhaustivo de las condiciones en las que residen estas personas, lo que permitirá conocer el número, procedencia y en qué situación social y habitacional se encuentran. Por lo tanto, se inició un censo por parte de un equipo técnico integrado por asistentes y operadores sociales, psicólogos, y referentes e inspectores del Área de Vivienda de la IDM.

Además, concurrió un grupo de agrimensores, acompañado por escribanos, para medir en forma exacta la extensión del predio y establecer cuántos individuos ocupan ese espacio. Paralelamente, se están realizando un relevamiento fotográfico aéreo.

Con respecto a estas tareas, el director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, indicó que “se trata de un estudio completo del asentamiento que hasta el momento nunca se hizo”.

En cuanto al proceso de expropiación, el jerarca explicó que el gobierno tomó la decisión -ante la anuencia de la Junta Departamental- “para evitar el desalojo de unas 1000 personas” que se encuentran “en condiciones complicadas de higiene, precariedad y hacinamiento”. La intervención de la IDM se hizo a los efectos de no crear una “alarma social” y también para “no dejar en la calle a las familias en una época de mucho frío”; el desalojo estaba previsto para el lunes 13 de junio bajo orden judicial y siguiendo un juicio iniciado por la sociedad propietaria del predio.

En referencia a las críticas recibidas por esta determinación, Lussich aclaró que es importante puntualizar que “a estos vecinos no se les ha dado nada, no estamos dando ni un terreno ni una vivienda a nadie, simplemente se inició una acción de expropiación que implica un cambio de propietario del predio para evitar un desalojo masivo”.

Asimismo, aclaró que “no podrán ingresar más personas a instalarse y tampoco se procederá al retiro de ninguna de las que allí se encuentran establecidas”.

En el correr de este año, la IDM junto al gobierno nacional implementarán los planes correspondientes de regularización “sin perjudicar los derechos de quienes están a la espera de una solución habitacional ni tampoco de los contribuyentes de Maldonado”, concluyó.