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La legisladora departamental dijo que la ley 19.210, llamada de inclusión financiera, “viola la libertad individual”.

Manifestó que “esta ley establece un cronograma por el que obliga a que determinadas actividades se hagan por medios bancarios, lo que para algunas ya está rigiendo, como por ejemplo para los arrendamientos. Los arrendamientos mayores a $10.000 mensuales ‒que creo que son la mayoría‒ deben ser pagos por medios electrónicos o por medios bancarizados. También los pagos de los impuestos al BPS y a la DGI, mayores a $30.000, hoy ya hay que hacerlos por medios electrónicos o medios bancarizados”.

“Esta ley también afecta ‒aparentemente no hay una prórroga sino que empieza a regir ahora, a principios de julio‒ a todos aquellos contratos mayores a 40.000 unidades reajustables, que son más o menos U$S5.000, es decir que todas las compras de automotores y de inmuebles van a tener que ser pagadas con medios electrónicos ‒que son las tarjetas de crédito o de débito‒, con transferencias bancarias, cheques comunes, cruzados, o letras de cambio. En estos casos no solamente el que no cumple con este requisito tiene que ser multado sino que, a la vez, los contratos no se van a poder inscribir en el registro correspondiente, con la importancia que eso requiere”.

“UNA SEMANA DE ALIMENTO”

Zumarán apuntó que “siempre se dice por parte del Gobierno que el fundamento de esta ley es universalizar el acceso a los mercados financieros, fomentar la competencia, formalizar la economía y promover el ahorro, pero fíjense que, de ahora en adelante, los honorarios profesionales, los sueldos y las pensiones se tienen que pagar de esta manera. El otro día una persona me comentaba que estaba en el cajero automático y adelante había una señora mayor sacando su jubilación con una tarjeta de débito, que no sabía cómo funcionaba, estaba trancada, hubo que ayudarla a sacar el dinero, la persona que estaba atrás terminó haciéndole la gestión. El cajero automático no da cambio chico, tiene establecido los billetes para dar, por lo tanto a la señora le quedaban adentro del cajero $400 que no podía sacar y… medio entre llantos, la señora le decía: ‘Esta plata de repente me significa una semana de alimento’. Y claro que sí. Entonces eso, que quiere ser una forma de fomentar el sistema financiero y la formalidad de la economía, termina siendo algo espantoso para la gente más humilde, para esa gente que no accede a una cuenta bancaria o para la que no sabe manejar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito”.

“Y ojo, no digo que esté mal fomentar su utilización, porque, por un tema de seguridad, evidentemente es mejor que se utilice, pero esta ley viola la libertad de la gente de poder elegir y está obligándola a utilizar este medio, y ese es el tema. Si uno mira el mundo organizado y más desarrollado, en ningún lugar es obligatorio utilizar estas cosas. Entonces, claro que hay que fomentar esto, por un tema de seguridad y de practicidad, pero tendría que dársele alguna ventaja a la gente que lo utiliza sin obligar a utilizarlo”, agregó.

Consideró que “para la gente más humilde esto es algo que no tiene pies ni cabeza ‒ estamos hablando de que los sueldos, las pensiones, las jubilaciones, todo se tiene que pagar por este medio‒, y ni qué hablar de la gente que vive en el medio rural. Aquello de la relación personal entre el patrón y el empleado, la instancia de cobrar un adelanto, todo eso se terminó, porque no paga más el patrón, ahora paga el banco ‒o no sé, hasta el presidente, según dicen algunos‒”.

CIERRE DE AGENCIAS DEL BROU: “UNA INCONGRUENCIA”

“Además, esta incongruencia en la que estamos viviendo se da de cabeza con lo que escuchamos la semana pasada de que aparentemente en el país, y en nuestro departamento, se cierran agencias del Banco República. El otro día escuchamos que Aiguá quedaba sin sucursal todos los días y que iba a funcionar tres veces por semana, pero en todo el departamento va a haber solamente un cajero atendido por personas. O sea que cuando la señora se tranque en el cajero, no va a tener con quién hablar, porque con lo único que se va a encontrar será con máquinas. Estamos hablando de que en todo el departamento quedaría un solo cajero atendido por personas, todos los demás serían cajeros automáticos, o sea que la gente de Pan de Azúcar, de Piriápolis, de Aiguá, si quiere hablar con alguien va a tener que venir a Maldonado a hablar con el cajero de Maldonado”.

La edila subrayó que “esto es algo que no tiene sentido. Se están juntando firmas para derogar esta ley. Creo que la gente se tiene que manifestar porque, vuelvo a decirlo ‒y es mi opinión personal‒: es inconstitucional y viola las libertades individuales. Uno tiene que tener la posibilidad de elegir cómo pagar, el dinero es de uno y esto es como un contralor de todos los movimientos que hace cada uno con su propio dinero. Entonces, creemos que es fundamental que esta ley no entre a regir. Aparte, de ninguna manera esto puede ir de la mano del cierre de sucursales, cuando más se necesita que le demos servicios a la gente. Y en nuestro caso, el de Maldonado, que tenemos poblaciones tan distantes en el territorio, obviamente esto tiene que funcionar más eficientemente”.