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“Recordemos esto que es importante destacarlo, que este sistema de tarjetas de crédito, hace muchísimos años que estaba en manos de privados, no estaba en manos de entidades de intermediación financiera, que en definitiva captan ahorro público, y cambian un poco las reglas de juego”, advirtió Facal al comienzo.

Señaló que “eran emisores privados, donde el costo de esa transacción, básicamente, se repartía entre comerciantes y usuarios; al cambiar las reglas de juego, al pasar esto a mano de emisores, que son entidades de mediación financiera, por un lado, van a fidelizar a la clientela, es decir, entra al banco, le ofrecen la tarjeta de crédito, y queda como cliente del banco con una gama de servicios importantes”.

“Entonces, yo voy a tratar de favorecerlo con promociones fantásticas, los martes, los miércoles, un 30% acá, un 30% allá, tratar de que cada vez pague menos, pero alguien tiene que pagar el costo de esa transacción”, advirtió.

COMERCIANTES VS. EMISORES
Facal señaló que “lo que los comerciantes ven hoy en día es que ese sistema está en manos de un monopolio de hecho, de cuatro o cinco emisores que han cartelizado y corporativizado las condiciones que les imponen a los comerciantes”.

“Los comerciantes hoy no pueden zafarse de ese sistema, no pueden salirse porque quién no vende con tarjeta está destinado a morir en el mercado”, advirtió.

Continuó señalando que “no hay un mecanismo que sustituya a la tarjeta, por lo menos, del mismo tenor, y por tanto los comerciantes tienen que adecuarse a esas condiciones que les ponen estos cuatro o cinco emisores” de tarjetas de crédito.

“Las condiciones están en el contrato de las tarjetas de crédito, entre ellas, por ejemplo, no pueden hacer una promoción al contado, no puedo discriminar, eso lo establece el contrato de tarjeta de crédito”, detalló.

Agregó que “aceptar hoy, para un comerciante, tarjeta de crédito, más allá de que los aranceles se han bajado del 8%, 9%, 10% con la lucha que los propios comerciantes vienen sosteniendo hace muchos años, al 4,9%, que sigue siendo el arancel más alto de la región”.

LOS COSTOS PARA EL COMERCIO
Facal advirtió que “aceptar tarjeta para un comerciante no es sólo lo que hoy está asociado al arancel en sí, al 4% o al 5%, sino que es el costo administrativo, tener una persona para el procesamiento, ese costo más o menos hoy, para un comerciante que paga el 4% de arancel, está en más del 10% de su negocio”.

“Mismo, las estaciones de servicio, que los márgenes son más pequeños, también son más pequeños los aranceles, pero el porcentaje del negocio que las tarjetas hoy se llevan, es muy grande para las estaciones de servicio”, aseguró.

Indicó que es “por eso (que) las estaciones, antipáticamente, bien o mal, tomaron esa medida de decir:‘bueno, yo soy dueño de mi comercio, para mí este medio de pago es caro, no lo quiero aceptar, yo quiero privilegiar el contado’”.

“La ley de inclusión financiera agrava un poquitito más el problema, porque hay un artículo 64, que ahora fue modificado porque nosotros presentamos una inconstitucionalidad, porque prácticamente impedía que el comerciante no fuera dueño de aceptar tarjeta de débito e instrumento electrónico”, contó.

Observó que “la de crédito ya estaba impedida en el contrato; ahora lo modificaron y dice ‘en caso de aceptar’, cuando nosotros interpusimos la inconstitucionalidad”.

NEGOCIO E ILEGALIDADES
Facal estimó que “de todas maneras, la ley sigue siendo compleja, porque dice que en caso de aceptar, el comerciante no puede discriminar el costo de contado y de crédito”,

“Para nosotros eso es totalmente ilegal, el comerciante, como es un sistema de pagos privado, y que tiene un costo, tiene derecho a decir yo no quiero, o yo no acepto, o yo establezco un mínimo, porque hay compras que por debajo de ese mínimo no me sirven”, razonó.

Reveló que “los quiosqueros nos contaban que la recarga de celulares de Ancel, deja el 3,5% de ganancia; cuando van a pagar la tarjeta tienen que liquidar el 4,9%; claramente ese negocio va a pérdida”.

“El comerciante dice que hay negocios en los que no quiere aceptar tarjeta; los comerciantes no son una ONG, entonces, lo que nosotros decíamos, por eso entendemos que la norma es ilegal, es ilegal que salga Defensa del Consumidor, también, a establecer que quién discrimina contado de crédito está infringiendo” la ley, apuntó.

Explicó que “no hay ninguna norma que establezca eso; la ley de defensa del consumidor, la columna vertebral, es el derecho a la información, si el comerciante informa debidamente al consumidor, y el consumidor ingresa al comercio sabiendo que va a tener un costo asociado con un medio de pago que para el comerciante tiene un costo, no infringe la norma”.

“Entonces, también es ilegal que el Área de Defensa del Consumidor haga eso, y es ilegal por dónde se lo mire, el artículo 64 de la ley de inclusión financiera”, sentenció.

Recordó que “el comerciante, entonces, decía, que no tiene por qué soportar el costo de la bancarización, si se quiere bancarizar a la población, se quiere que todo el mundo tenga tarjeta; bueno, si la tarjeta no tuviera un costo, los comerciantes no van a tener ningún problema en aceptar tarjeta”.

“O tuviera un costo razonable, porque este es el punto que creo que hay que mirar, las partes deben sentarse a negociar, acá son tres partes, el usuario que prácticamente no tiene costos, el emisor que es el que cobra, y el comerciante que es el que paga”, describió.

Y concluyó: “O ese costo se divide entre las tres partes, o de alguna manera se van a tener que sentar a negociar para bajarlo, porque no tienen por qué soportar el costo de esa bancarización sólo una de las partes de esa relación comercial”.