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El director general de Administración y Recursos Humanos de la IDM, Miguel Abella, señaló que los reclamos por el funcionamiento de las cámaras adquiridas por el gobierno departamental se ubican en un porcentaje muy bajo y son solucionados en tiempo récord.

REPARACIONES Y GARANTÍAS

La respuesta a esta situación es competencia de Antel, a la que se informa inmediatamente, la empresa adjudicataria o la Intendencia. En este caso, la IDM asume gran parte de la responsabilidad de los daños dado que los dispositivos afectados por árboles caídos y columnas del alumbrado público corren por su cuenta.

Sobre este punto, la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, indicó que el proyecto tiene una garantía que cubre la rotura, limpieza y mantenimiento de los dispositivos, a excepción de los actos de vandalismo o accidentes de tránsito.

Por ese motivo, la IDM se encarga del costo de reponer la columna pero acciona contra el conductor que lo protagonizó, continuando así por la vía legal el reclamo a quien corresponda.

En la misma línea, aclaró que la Intendencia realizó la inversión y brinda los recursos, al tiempo que el funcionamiento técnico depende del Ministerio del Interior.

Abella agregó que la totalidad de las cámaras previstas en el primer período de gobierno eran 1200 y eso se completó dentro del plan previsto pero queda la posibilidad de una ampliación para el próximo gobierno.

El 45 % de las cámaras funcionan mediante fibra óptica, mientras que las restantes lo hacen con un sistema que compró la IDM y donó a Antel para ejecutar el proyecto en todos los puntos establecidos.

FUNCIONAMIENTO

Ante la caída de una cámara el Centro de Monitoreo detecta la falla a través de un sistema de seguridad, la persona a cargo pasa el reporte a la empresa contratada y se busca la solución adecuada. El sistema indica que los problemas detectados no llegan al 10%.

En materia de Recursos Humanos, el Centro de Monitoreo cuenta con 58 visualizadores que cumplen turnos de seis horas, varios oficiales supervisores, además de un grupo de personas en situación de discapacidad. Estos funcionarios fueron incorporados en el marco del plan de igualdad de oportunidades y atención a personas con discapacidad impulsado por la Administración de Enrique Antía.

Al ser consultada por la futura colocación de nuevas cámaras, Graziuso aclaró que para que la situación prospere debe estar funcionando a pleno la Fundación Maldonado Seguro, una organización creada para administrar los reclamos de los vecinos, entre otros puntos. En la actualidad el trámite para obtener la personería jurídica está en el Ministerio de Educación y Cultura.