Aplicación de la eutanasia en Uruguay: claves del procedimiento y su implementación en el sistema de salud

Desde el 21 de abril, la ley de eutanasia se reglamentó en Uruguay y todos los prestadores de salud deben contar con protocolos para su implementación.

El diputado Luis Gallo, médico y representante del Frente Amplio, explicó que la normativa establece controles posteriores a cada procedimiento. “La ley es muy garantista y una vez que se produce cada procedimiento hay que reportarlo a una comisión especial presidida por el Ministerio de Salud Pública”, afirmó en diálogo con Página Central de Revista FM GENTE.

El proceso se inicia a partir de la solicitud del paciente a su médico tratante. Según indicó, “la responsabilidad recae sobre la decisión del médico tratante de ver si el paciente admite o no la posibilidad”.

La normativa fija condiciones específicas. El paciente debe presentar una enfermedad “grave, terminal, incurable e irreversible” y padecer sufrimientos considerados insoportables. En esos casos, se requiere una segunda opinión médica. “Ese consultante tiene que ser un médico internista o de la especialidad de la enfermedad”, explicó.

Si existe coincidencia entre ambos profesionales, se avanza en el procedimiento. La reglamentación incorporó la participación de un tercer médico con formación en cuidados paliativos. “El Ministerio optó que ese tercer médico tiene que ser un paliativista y nos parece correcto”, señaló.

El paciente puede elegir el lugar donde se realizará la práctica, ya sea en su domicilio o en un centro asistencial.

En el caso de instituciones con objeciones por razones religiosas o estatutarias, deberán garantizar el acceso mediante la contratación de servicios externos. “Es una prestación obligatoria que tienen que dar todos los prestadores del sistema”, indicó.

El alcance incluye a todos los centros de salud con atención integral, como hospitales públicos y privados. Gallo señaló que no cuenta con registros de solicitudes en estos primeros días, aunque afirmó que existen pacientes que esperaban la entrada en vigencia de la ley.

Sobre la difusión de los casos, subrayó la necesidad de mantener la confidencialidad. “Transformar esto en un circo mediático no nos parece adecuado”, expresó. Agregó que el secreto profesional es obligatorio para los equipos de salud.

El procedimiento está protocolizado e incluye la colocación de dos vías venosas y la administración de tres medicamentos en un orden determinado. Indicó que es un método utilizado en varios países y que tiene bajo costo.

Gallo valoró el proceso que llevó a la aprobación de la ley. “Se creó un derecho para que el paciente pueda decidir bajo circunstancias muy específicas”, afirmó.

“Fue uno de los proyectos más discutidos durante años”, concluyó.