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Martínez afirmo que “tomamos propuestas, sugerencias, y procuramos detectar e identificar algunos problemas que el colectivo de trabajo social de Maldonado tiene”, pero no avanzó sobre si habían ya detectado algunas de esas problemáticas, ni le fue preguntado.

Dijo que “el proyecto de ley lo que pretende hacer es reglamentar el ejercicio de la profesión diciendo qué es lo que hacen los trabajadores sociales, y que luego, las instituciones que llamen gente para trabajar en esa tarea, tienen que contratar asistentes sociales profesionales”.

MUCHO DINERO, MALA EJECUCIÓN

“Hemos encontrado que el país tiene desde hace un buen tiempo a esta parte una enorme inversión en dinero en políticas sociales, que nosotros pensamos que a veces se ejecutan mal porque las personas que lo hacen no están formadas, no son profesionales universitarios en trabajo social, y eso hace que el trabajo final no sea el mejor”, dijo de un tirón, poniendo en foco el eje de la preocupación del colectivo que representa.

Argumentó que “la profesión tiene el derecho a estar reglamentada, y que en la medida que ese derecho se cumpla, nuestro trabajo garantiza el derecho de las personas con las cuales trabajamos”.

Sobre la cantidad de asistentes sociales que existe en el país, Martínez se sinceró: “No tenemos datos precisos, porque el año pasado se hizo un censo y en estos momentos está en etapa de procesamiento de los datos, pero estamos cercanos a los 3.000 trabajadores sociales en todo el país”.

“Trabajan en distintas áreas y distintos temas, algunos conocidos y más clásicos, como pueden ser la salud, la educación, la infancia, la vivienda, pero otros nuevos que han aparecido en los últimos años, como el trabajo rural, la atención de víctimas de violencia”, detalló.

Retomó que hay “una diversidad de temas y de campos de trabajo nuevos que tienen una enorme inversión económica de parte del Estado, pero que a veces se realizan en condiciones precarias para quienes somos trabajadores sociales profesionales”.

Definió precarias como bajos “términos salariales o contractuales, o a veces (sus trabajos) son llevados adelante por personas que no tienen la formación para hacer el trabajo”.

DENUNCIAN

Martínez dijo que la promoción del proyecto de reglamentación de la profesión les sirve para encarar el problema con los responsables de ejecutar políticas sociales sin el suficiente respaldo profesional.

“Lo que estamos haciendo ahora es, en el marco de esta campaña, reuniéndonos con algunas instituciones u organismos públicos que contratan asistentes sociales, para denunciar esta situación”, dijo.

Agregó que “hemos tenido una entrevista con el ministro (de Desarrollo Social, Daniel) Olesker, al cual le planteamos esta situación, hicimos algunas propuestas en relación a como solucionar este asunto del trabajo, sobre todo, de los estudiantes que cumplen tareas profesionales sin supervisión profesional”.

“Tenemos una entrevista para la semana que viene (la actual) con el directorio del INAU (Instituto del Niño y la Adolescencia del Uruguay)”, amplió.

LOS RESULTADOS PUEDEN NO SER BUENOS

Manifestó que “hemos tenido alguna otra a nivel de la salud, nos hemos reunido con movimientos sociales, estamos tratando de encontrar una cierta sensibilidad en aquellos organismos que contratan trabajadores sociales, o personas para trabajar en el área de lo social, para que comprendan de esta forma que la inversión económica puede ser mucha, pero los resultados pueden no ser buenos”.

“Definitivamente, no es un problema solo de los asistentes sociales, o de los trabajadores sociales, sino que es un problema del país”, amplió.

Sostuvo que “hemos encontrado muy buena recepción, e incluso, muy buena disposición para trabajar en la búsqueda de soluciones; en el caso de la entrevista con el ministro Olesker se mostró muy interesado, compartió algunos puntos del planteo que nosotros le hacíamos, y se mostró dispuesto a trabajar para encontrar una solución, sobre todo en este tema de los estudiantes que están trabajando sin supervisión profesional”.

MALDONADO CON 50 ASISTENTES SOCIALES

Martínez dijo que estuvieron reunidos con unos 20 asistentes sociales que desarrollan su actividad en Maldonado, pero que según sus datos el total de esos profesionales en el departamento podría llegar al medio centenar.

Explicó la diferencia entre los que asistieron a la convocatoria de la Asociación, en la ciudad de Maldonado, y el total de profesionales, en que las reuniones se hicieron el sábado, un día que estuvo afectado por un paro del transporte colectivo de pasajeros en el departamento. Explicó que colegas de San Carlos y Piriápolis llamaron para avisar que no podían asistir por falta de locomoción.

“Pero realmente nos encontramos con un número importante de colegas que están apoyando y entendiendo que efectivamente esta propuesta de reglamentación de la profesión es una cosa que vale la pena, y que es un derecho que nosotros tenemos, que va a mejorar nuestro trabajo y el de las instituciones en las que nosotros trabajamos”, insistió.

Explicó la concentración de los asistentes sociales en la ciudad de Maldonado en que trabajan para “la propia intendencia, en los distintos programas que la intendencia tiene”.
zl