El predio donde se pretende construir un edificio con 91 apartamentos está frente a la rambla Claudio Williman, entre las calles Puerto de Candelaria, Bogotá y La Paz.
Cientos de vecinos de Maldonado presentaron ante la Cámara de Representantes, el pasado 15 de enero, un recurso de apelación contra una resolución de la Intendencia de Maldonado.
La resolución en cuestión da el visto bueno a un proyecto inmobiliario sobre la parada 21 de rambla Claudio Williman que prevé la construcción de un edificio de gran altura con 91 unidades habitacionales, amenities y 120 estacionamientos.
La resolución que fue aprobada en julio de 2025, por el entonces intendente Enrique Antía, señala que el desarrollo inmobiliario “excede en la altura, FOT (factor de ocupación total), FOS SS (factor de ocupación de subsuelo) y no alcanza el FOS verde mínimo (factor de ocupación de suelo destinado para pasto)”.
Luego de pasar a la Junta Departamental de Maldonado, la excepción fue aprobada con 21 votos en 30, sin acompañamiento del Frente Amplio.
Ahora, el recurso presentado ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, amparado en el artículo 303 de la Constitución, busca impugnar la resolución municipal.
“Se trata de una grosera excepción a la normativa edificatoria vigente hace décadas en la zona. Donde solo se permitían edificios de 12 metros de altura, se habilita un edificio de 55 metros de alto y un FOT que supera en un 331,05% el máximo permitido por la normativa vigente”, señala el recurso al que accedió FM GENTE.
En la petición se expone que esta situación es “un ejemplo más de la política de excepciones al ordenamiento territorial implementado por el Gobierno Departamental de Maldonado”. Sobre eso, señala que se aprobaron decenas de excepciones de este tipo en Punta del Este, La Barra, Manantiales y Piriápolis.
El recurso expone que la normativa de edificación que está vigente en la zona “no permite la habilitación concedida” y que “el argumento para su aprobación es agradecimiento al inversor por fomentar el trabajo”.
Los vecinos aseguran que “está clara la afectación a la igualdad” ya que el proyecto inmobiliario “viola la normativa vigente que fue respetada por los demás propietarios del suelo vecino al predio en cuestión”.
También reclaman que la resolución de la intendencia “denota un accionar ilegítimo, realizado con exceso y abuso de poder, al sobrepasar toda la normativa vigente sin siquiera fundamentar o motivar debidamente su decisión”.
Foto: padrón 29.629 donde está previsto proyecto inmobiliario / captura Sistema de Información Geográfica