La defensa lleva el caso a la Suprema Corte de Justicia y alega fallas graves en el control de las pruebas.
Un profesor de informática de un colegio privado de Maldonado fue condenado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado contra una alumna, y recibió una pena de cinco años de prisión.
La sentencia, de la que dio cuenta FM GENTE el pasado 18 de mayo, fue dictada por un Tribunal de Apelaciones, luego de que el docente había sido absuelto en el juicio de primera instancia.
Ahora, los defensores públicos del profesor, los abogados Irene Suárez y Daniel Chaves, impugnaron la sentencia y llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El recurso de casación interpuesto, al que accedió FM GENTE, alega que existe un "absurdo evidente" y una "manifiesta arbitrariedad" al momento de valorar las pruebas presentadas. Señala que los jueces de la instancia anterior cometieron errores en la admisión y control de las pruebas y sostienen que esta falla dejó a su defendido en una situación de "indefensión absoluta".
La impugnación cuestiona a uno de los testigos alegando que su relato fue “inexacto, confuso y contaminado”. También señala que “el tribunal apuntala la condena en rumores de perfiles anónimos de Instagram” que luego “fueron desmentidos”.
El documento cuestiona, además, que la sentencia asume como cierto que el docente “trancaba la puerta" del salón de informática para cometer los abusos cuando eso era “irrealizable”.
“La inspección ocular y el informe criminalístico de Policía Científica demostraron de forma incontrovertible que el pasador de la puerta se encontraba del lado de afuera, y la prueba testimonial fue unánime en que los profesores especiales carecían de llaves del salón y además de que el pasador siempre estuvo del lado de afuera”, argumenta el texto.
La impugnación también menciona a la magistrada que no estuvo de acuerdo con el resto de los jueces en la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
La jueza Beatriz Larrieu concluyó que la evidencia presentada por la Fiscalía no alcanza el grado de “certeza absoluta” que requiere el Código del Proceso Penal para dictar una condena. Valida y comparte el análisis de la prueba realizado por el juez de primera instancia, quien entendió que existían “dudas razonables” que impedían probar la acusación penal.
Los abogados defensores del profesor - que no se encuentra en prisión dado que la condena no fue unánime y Larrieu votó a favor de su absolución - solicitan la anulación de la condena y el dictado de una sentencia absolutoria. En caso de que la SCJ no otorgue la absolución directa, exigen que la causa sea reenviada a un Tribunal subrogante para que ordene el diligenciamiento de las pruebas presuntamente omitidas y emita un nuevo fallo.