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Delamar S. A., difamaciones, versión distorcionada,
Política 08:00

Delamar: la industria del juicio y la verdad detrás de 10 años de conflicto

Durante los últimos años, un reducido grupo de promitentes compradores integrado por Juan Lucena, Diego Dick, Eduardo Pecar, Miguel Grincajger, integrantes de la familia Vizcay, Juan Carlos Sorhobigarat y Antonio Luis Casarin Krause ha impulsado, una incesante sucesión de denuncias infundadas, demandas, presentaciones administrativas y campañas públicas contra el edificio Delamar y contra su desarrolladora MELTONY S.A..

La estrategia diseñada y ejecutada por el abogado de este grupo, el Dr. Renzo Gatto, ha sido siempre la misma: instalar una versión distorsionada de los hechos que no se corresponde con la realidad objetiva de un edificio que fue construido, terminado, escriturado y habitado hace más de quince años, y apoyarse en ella para realizar infinidad de denuncias, demandas y presentaciones que sólo buscan una cosa: que se concedan a estas personas privilegios indebidos a cambio de cesar la campaña de difamación y desprestigio que se viene llevando a cabo.

Delamar no es una promesa incumplida. Delamar es una realidad. El edificio fue finalizado, obtuvo sus habilitaciones, consolidó su régimen de propiedad horizontal y hoy continúa funcionando normalmente gracias al esfuerzo de decenas de propietarios que sí cumplieron con las obligaciones asumidas.

Construido sobre la costa de La Barra, Delamar marcó una época por su arquitectura, su ubicación privilegiada y por convertirse en uno de los primeros desarrollos residenciales premium que alcanzó valores cercanos a los USD 2.500 por metro cuadrado en Uruguay.

Más de quince años después de su construcción, el edificio continúa funcionando normalmente. La inmensa mayoría de sus unidades fueron escrituradas, son ocupadas por sus propietarios y participan regularmente de la vida institucional de la copropiedad.

Desde la inscripción del Reglamento de Copropiedad en 2018 se han celebrado asambleas anuales y extraordinarias en las que las decisiones han sido adoptadas por las mayorías previstas legalmente. Las rendiciones de cuentas han sido aprobadas y distintos administradores profesionales han gestionado el edificio durante estos años, manteniendo la continuidad de sus servicios y funcionamiento.

Pero mientras la enorme mayoría de los propietarios aceptó las reglas aplicables a todos por igual y cumplió con las obligaciones asumidas, este pequeño grupo liderado por el Dr. Gatto ha intentado reiteradamente obtener tratamientos diferenciales, ventajas particulares y beneficios económicos que nunca fueron reconocidos por la comunidad de propietarios ni por las decisiones adoptadas en el marco institucional correspondiente.

Incluso en la actualidad existen procesos judiciales promovidos por la desarrolladora contra estos promitentes compradores por incumplimientos contractuales vinculados a sus obligaciones de pago. Incluso, en uno de dichos expedientes ya ha dictado una sentencia judicial que dispuso la rescisión de la promesa de compraventa correspondiente, confirmando la existencia de un incumplimiento contractual. Todo mientras sino decenas de propietarios que sí han cumplido regularmente con sus obligaciones observan con preocupación cómo la reiteración de denuncias y litigios termina afectando la imagen y el valor patrimonial del edificio.

La situación y el comportamiento ilícito ha alcanzado tal gravedad que los señores Juan Lucena, Diego Dick, Eduardo Pecar, Miguel Grincajger, y Antonio Luis Casarin Krause ya se encuentran siendo investigados por un delito de calumnias e imputaciones falsas por la Fiscalía Departamental de Maldonado.

Pero la campaña diseñada por el Dr. Gatto no cesa. A cambio de detener estas acciones de prensa pretenden que se les otorguen los privilegios que reclaman, lo que ya se les indicó que no sucederá. Todas sus difamaciones y pedidos por escrito de beneficios a cambio de cesar sus difamaciones están siendo recopiladas y serán aportadas en los próximos días a la Justicia y al Colegio de Abogados del Uruguay, a los efectos que pudiera corresponder.

MELTONY S.A. no va a permitir que se siga ensuciando su buen nombre y el de sus integrantes y ha instruido a sus abogados a iniciar todas las acciones judiciales correspondientes contra todos aquellos que buscando privilegios que no corresponden recurran a la difamación o a la injuria, o a quienes sirvan a esos fines.


MELTONY S.A.
Junio de 2025



(Foto: Expedia)

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