La iniciativa busca fortalecer la capacidad de Uruguay para investigar delitos complejos y enfrentar el avance de redes criminales que operan en distintos países de la región, utilizando tanto las rutas tradicionales del narcotráfico como el sistema financiero y las nuevas tecnologías, según reveló este jueves Búsqueda.
El programa comenzó a desarrollarse esta semana con reuniones de coordinación entre representantes de las principales agencias de seguridad estadounidenses y autoridades nacionales.
Entre los organismos participantes se encuentran la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras dependencias uruguayas.
EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO SON PRIORIDADES
Uno de los objetivos centrales del acuerdo es mejorar los mecanismos de investigación sobre las organizaciones que utilizan a Uruguay como parte de sus circuitos internacionales de tráfico de drogas y movimientos financieros ilegales.
Las autoridades consideran especialmente importante reforzar los controles sobre las operaciones vinculadas al puerto de Montevideo, las zonas fronterizas y las estructuras utilizadas para introducir dinero de origen ilícito en la economía formal.
En ese sentido, se apunta a fortalecer las investigaciones sobre el lavado de activos mediante operaciones financieras, adquisición de bienes e inversiones inmobiliarias.
El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para Argentina, Uruguay y Paraguay, John Weisse, participó en las reuniones realizadas en Montevideo.
Según explicó, el propósito es identificar cuáles son las principales amenazas que enfrenta Uruguay y establecer prioridades de trabajo conjunto. El acuerdo será financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado estadounidense.
Los recursos estarán destinados a programas de cooperación en seguridad pública, lucha contra las drogas, fortalecimiento institucional y apoyo a las investigaciones judiciales.
Entre las posibilidades que se analizan figuran la capacitación de investigadores, el intercambio de información de inteligencia, el desarrollo de investigaciones conjuntas y el asesoramiento técnico para mejorar las herramientas legales disponibles.
También se considera relevante que Uruguay avance en su adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, instrumento internacional que facilita la cooperación entre países para investigar delitos informáticos.
PREOCUPACIÓN POR LA PRESENCIA DE ORGANIZACIONES CRIMINALES BRASILEÑAS
Otro de los asuntos abordados durante las reuniones fue la actividad de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente las vinculadas al narcotráfico brasileño.
El ministro del Interior, Carlos Negro, y otras autoridades nacionales han señalado en diferentes oportunidades la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a estas estructuras criminales.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, participó en las instancias de coordinación con los representantes estadounidenses.
En el encuentro también estuvo presente el especialista en seguridad pública y exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, entre otros representantes vinculados al combate del crimen organizado.
El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Andrés Andino, advirtió sobre la expansión de las organizaciones criminales en América Latina y mencionó particularmente al Primer Comando de la Capital (PCC), de origen brasileño.
Según explicó, aunque en la región operan grupos europeos, colombianos y mexicanos, en los países vecinos de Uruguay el PCC tiene una presencia especialmente importante.
Sin embargo, aclaró que no dispone de información que permita afirmar que esa organización tenga actualmente en Uruguay una estructura de liderazgo o una base operativa de gran magnitud.
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES CAMBIAN, PERO LAS AMENAZAS PERMANECEN
Andino sostuvo que la cooperación no debe limitarse a perseguir una organización determinada, sino que debe preparar a las instituciones para enfrentar diferentes estructuras delictivas.
En ese sentido, advirtió que las organizaciones pueden cambiar de nombre, integrantes o modalidades de actuación, mientras que las actividades criminales continúan.
El objetivo, explicó, es establecer mecanismos de investigación y cooperación capaces de mantenerse en el tiempo, independientemente de cuál sea el grupo que opere en cada momento.
URUGUAY BUSCA FORTALECER SU CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN
La puesta en marcha de este programa se produce en un contexto de creciente preocupación por la actividad del narcotráfico, el lavado de activos y la utilización de estructuras internacionales para el movimiento de dinero y drogas.
El trabajo conjunto permitirá profundizar el intercambio de información entre las autoridades uruguayas y las agencias estadounidenses, así como mejorar la coordinación en investigaciones que involucren a más de un país.
La presencia de representantes de la DEA, el FBI y el Servicio Secreto en Montevideo marca el inicio de una nueva etapa de cooperación en seguridad, con una inversión de 6,5 millones de dólares y el objetivo de reforzar la respuesta de Uruguay frente a las organizaciones criminales transnacionales.
El programa comenzó a desarrollarse esta semana con reuniones de coordinación entre representantes de las principales agencias de seguridad estadounidenses y autoridades nacionales.
Entre los organismos participantes se encuentran la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras dependencias uruguayas.
EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO SON PRIORIDADES
Uno de los objetivos centrales del acuerdo es mejorar los mecanismos de investigación sobre las organizaciones que utilizan a Uruguay como parte de sus circuitos internacionales de tráfico de drogas y movimientos financieros ilegales.
Las autoridades consideran especialmente importante reforzar los controles sobre las operaciones vinculadas al puerto de Montevideo, las zonas fronterizas y las estructuras utilizadas para introducir dinero de origen ilícito en la economía formal.
En ese sentido, se apunta a fortalecer las investigaciones sobre el lavado de activos mediante operaciones financieras, adquisición de bienes e inversiones inmobiliarias.
El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para Argentina, Uruguay y Paraguay, John Weisse, participó en las reuniones realizadas en Montevideo.
Según explicó, el propósito es identificar cuáles son las principales amenazas que enfrenta Uruguay y establecer prioridades de trabajo conjunto. El acuerdo será financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado estadounidense.
Los recursos estarán destinados a programas de cooperación en seguridad pública, lucha contra las drogas, fortalecimiento institucional y apoyo a las investigaciones judiciales.
Entre las posibilidades que se analizan figuran la capacitación de investigadores, el intercambio de información de inteligencia, el desarrollo de investigaciones conjuntas y el asesoramiento técnico para mejorar las herramientas legales disponibles.
También se considera relevante que Uruguay avance en su adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, instrumento internacional que facilita la cooperación entre países para investigar delitos informáticos.
PREOCUPACIÓN POR LA PRESENCIA DE ORGANIZACIONES CRIMINALES BRASILEÑAS
Otro de los asuntos abordados durante las reuniones fue la actividad de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente las vinculadas al narcotráfico brasileño.
El ministro del Interior, Carlos Negro, y otras autoridades nacionales han señalado en diferentes oportunidades la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a estas estructuras criminales.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, participó en las instancias de coordinación con los representantes estadounidenses.
En el encuentro también estuvo presente el especialista en seguridad pública y exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, entre otros representantes vinculados al combate del crimen organizado.
El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Andrés Andino, advirtió sobre la expansión de las organizaciones criminales en América Latina y mencionó particularmente al Primer Comando de la Capital (PCC), de origen brasileño.
Según explicó, aunque en la región operan grupos europeos, colombianos y mexicanos, en los países vecinos de Uruguay el PCC tiene una presencia especialmente importante.
Sin embargo, aclaró que no dispone de información que permita afirmar que esa organización tenga actualmente en Uruguay una estructura de liderazgo o una base operativa de gran magnitud.
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES CAMBIAN, PERO LAS AMENAZAS PERMANECEN
Andino sostuvo que la cooperación no debe limitarse a perseguir una organización determinada, sino que debe preparar a las instituciones para enfrentar diferentes estructuras delictivas.
En ese sentido, advirtió que las organizaciones pueden cambiar de nombre, integrantes o modalidades de actuación, mientras que las actividades criminales continúan.
El objetivo, explicó, es establecer mecanismos de investigación y cooperación capaces de mantenerse en el tiempo, independientemente de cuál sea el grupo que opere en cada momento.
URUGUAY BUSCA FORTALECER SU CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN
La puesta en marcha de este programa se produce en un contexto de creciente preocupación por la actividad del narcotráfico, el lavado de activos y la utilización de estructuras internacionales para el movimiento de dinero y drogas.
El trabajo conjunto permitirá profundizar el intercambio de información entre las autoridades uruguayas y las agencias estadounidenses, así como mejorar la coordinación en investigaciones que involucren a más de un país.
La presencia de representantes de la DEA, el FBI y el Servicio Secreto en Montevideo marca el inicio de una nueva etapa de cooperación en seguridad, con una inversión de 6,5 millones de dólares y el objetivo de reforzar la respuesta de Uruguay frente a las organizaciones criminales transnacionales.
