La denuncia fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el abogado Jorge Barrera, en representación de BOWERDIN S.A., sociedad comercial vinculada a los restaurantes Manzanar y Río Café, los cuales funcionan en Carrasco a poca distancia uno del otro. El responsable de estos establecimientos es el conocido empresario Gustavo Barbero, vinculado a tres restaurantes en José Ignacio (uno de ellos La Huella), el cual trabaja en Montevideo junto a su dos hijas en los citados emprendimientos vinculados a los hechos de marras.
El caso se encuentra a cargo de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, quien dirige las actuaciones destinadas a establecer cómo se desarrollaron las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
UN JEFE DE COMPRAS BAJO SOSPECHA
Según la información publicada por El País, el principal investigado es un hombre que ingresó a trabajar en la empresa el 28 de julio de 2017 y ocupaba el cargo de jefe de Compras. Desde esa posición tenía acceso a las operaciones comerciales con proveedores y era responsable de gestionar la adquisición de mercadería para los restaurantes.
La investigación apunta a que el funcionario habría aprovechado la confianza depositada en él y las atribuciones de su cargo para concretar operaciones de compra de productos que eran facturados y pagados por la empresa, pero que, según la denuncia, nunca llegaban a los establecimientos. De esta manera, se habría generado un perjuicio económico que supera el millón de dólares.
INVESTIGAN UNA POSIBLE RED PARA RETIRAR Y COMERCIALIZAR MERCADERÍA
Las actuaciones no se limitan al exempleado señalado como principal sospechoso. Los investigadores procuran determinar la participación de otras personas relacionadas con él por vínculos familiares, laborales y comerciales.
La hipótesis es que algunos de los involucrados habrían intervenido en el retiro y traslado de los productos adquiridos por la empresa, mientras que otros podrían haber participado en su posterior comercialización.
En ese contexto se concretaron las detenciones de cuatro hombres y una mujer, cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
En paralelo a la investigación sobre las operaciones comerciales, se desarrollan actuaciones patrimoniales y financieras.
El objetivo es establecer qué destino habría tenido el dinero obtenido mediante las presuntas maniobras y determinar si existen bienes, movimientos bancarios o gastos que puedan relacionarse con los hechos denunciados.
Esta línea de investigación busca esclarecer si, además de la eventual estafa y apropiación indebida, existieron operaciones destinadas a incorporar al circuito económico fondos provenientes de actividades ilícitas.
Los investigadores reunieron documentación, antecedentes y otros elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su evaluación.
AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN PREVISTA PARA ESTE VIERNES
El abogado Jorge Barrera destacó al medio el trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Durante este jueves se cumplió la instancia judicial de control de las detenciones, mientras que la audiencia de formalización está prevista para la tarde de este viernes.
En esa instancia se conocerá si la Fiscalía solicita la formalización de alguno o todos los detenidos, los delitos que eventualmente les atribuya y las medidas cautelares que considere necesarias.
La investigación continúa abierta y busca establecer el alcance total del perjuicio económico, el destino de la mercadería presuntamente desviada y el grado de participación de cada uno de los involucrados.
El caso se encuentra a cargo de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, quien dirige las actuaciones destinadas a establecer cómo se desarrollaron las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
UN JEFE DE COMPRAS BAJO SOSPECHA
Según la información publicada por El País, el principal investigado es un hombre que ingresó a trabajar en la empresa el 28 de julio de 2017 y ocupaba el cargo de jefe de Compras. Desde esa posición tenía acceso a las operaciones comerciales con proveedores y era responsable de gestionar la adquisición de mercadería para los restaurantes.
La investigación apunta a que el funcionario habría aprovechado la confianza depositada en él y las atribuciones de su cargo para concretar operaciones de compra de productos que eran facturados y pagados por la empresa, pero que, según la denuncia, nunca llegaban a los establecimientos. De esta manera, se habría generado un perjuicio económico que supera el millón de dólares.
INVESTIGAN UNA POSIBLE RED PARA RETIRAR Y COMERCIALIZAR MERCADERÍA
Las actuaciones no se limitan al exempleado señalado como principal sospechoso. Los investigadores procuran determinar la participación de otras personas relacionadas con él por vínculos familiares, laborales y comerciales.
La hipótesis es que algunos de los involucrados habrían intervenido en el retiro y traslado de los productos adquiridos por la empresa, mientras que otros podrían haber participado en su posterior comercialización.
En ese contexto se concretaron las detenciones de cuatro hombres y una mujer, cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
En paralelo a la investigación sobre las operaciones comerciales, se desarrollan actuaciones patrimoniales y financieras.
El objetivo es establecer qué destino habría tenido el dinero obtenido mediante las presuntas maniobras y determinar si existen bienes, movimientos bancarios o gastos que puedan relacionarse con los hechos denunciados.
Esta línea de investigación busca esclarecer si, además de la eventual estafa y apropiación indebida, existieron operaciones destinadas a incorporar al circuito económico fondos provenientes de actividades ilícitas.
Los investigadores reunieron documentación, antecedentes y otros elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su evaluación.
AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN PREVISTA PARA ESTE VIERNES
El abogado Jorge Barrera destacó al medio el trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Durante este jueves se cumplió la instancia judicial de control de las detenciones, mientras que la audiencia de formalización está prevista para la tarde de este viernes.
En esa instancia se conocerá si la Fiscalía solicita la formalización de alguno o todos los detenidos, los delitos que eventualmente les atribuya y las medidas cautelares que considere necesarias.
La investigación continúa abierta y busca establecer el alcance total del perjuicio económico, el destino de la mercadería presuntamente desviada y el grado de participación de cada uno de los involucrados.
