El principal acusado, quien se desempeñaba como jefe de compras, habría organizado un sistema mediante el cual parte de los productos pagados por la empresa eran desviados hacia una frutería familiar para su posterior comercialización.
El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, encabezada por Sandra Fleitas, y tuvo este viernes una instancia judicial en la que la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso la formalización de cuatro hombres por delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida.
Entre los imputados se encuentran el citado exjefe de compras de la empresa Bowerdin S.A., su padre, su tío y otro exempleado de la firma gastronómica.
Una quinta persona, pareja del principal investigado, quedó en libertad y continuará siendo investigada por su presunta participación en los hechos.
LA MANIOBRA DE LOS HUEVOS POR EJEMPLO
Uno de los datos más llamativos que surgieron durante la audiencia judicial fue la importante diferencia entre la mercadería que se facturaba a la empresa y la que realmente necesitaban los establecimientos gastronómicos.
Según se expuso ante la Justicia, se registraban compras de 1.800 huevos diarios cuando el consumo efectivo de ambos restaurantes oscilaba entre 100 y 200 unidades.
Esta diferencia fue uno de los elementos que despertó sospechas sobre el manejo de las compras y motivó una revisión de las operaciones comerciales.
La empresa comenzó a detectar que el volumen de alimentos e insumos adquiridos no coincidía con el consumo de las cocinas ni con las existencias de mercadería.
Las irregularidades dieron lugar a una auditoría interna que permitió identificar operaciones presuntamente fraudulentas y derivó en el despido de varios trabajadores por lo que la firma consideró «notoria mala conducta».
LA MERCADERÍA ERA DESVIADA HACIA UNA FRUTERÍA FAMILIAR
De acuerdo con la hipótesis presentada durante la audiencia realizada este viernes en la sede de Crimen Organizado, el principal acusado habría aprovechado su cargo y la confianza que tenía dentro de la empresa para organizar un sistema de compras y entregas fraccionadas.
El hombre trabajaba desde julio de 2017 en Bowerdin S.A. y era responsable de gestionar los pedidos a proveedores para abastecer las cocinas de Manzanar y Río Café.
La maniobra habría consistido en coordinar con los proveedores la entrega de los productos en cantidades separadas.
De esta manera, a los restaurantes llegaba únicamente la mercadería que efectivamente utilizaban para su funcionamiento, mientras que el resto, pese a estar facturado y pagado por la empresa, era retirado por familiares del encargado de compras.
Los productos desviados eran trasladados a una frutería vinculada a la familia, ubicada en la zona de Bulevar Artigas y Bulevar España, en Montevideo, donde posteriormente habrían sido comercializados.
Los investigadores procuran establecer durante cuánto tiempo se desarrolló este mecanismo, qué cantidades de mercadería fueron desviadas y cuáles fueron los beneficios económicos obtenidos.
4 HOMBRES FORMALIZADOS Y EL PRINCIPAL ACUSADO FUE A CUMPLIR LA CAUTELAR A UN HOTEL
La denuncia penal fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el abogado Jorge Barrera, representante legal de Bowerdin S.A. Tras las actuaciones policiales y fiscales, cinco personas fueron conducidas ante la Justicia: cuatro hombres y una mujer.
La Fiscalía atribuyó al principal investigado (jefe de compras) la presunta autoría de los delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida.
Los otros tres hombres —su padre, su tío y un exempleado de la empresa— fueron formalizados por los mismos delitos, pero en calidad de presuntos coautores.
La investigación apunta a determinar las funciones que habría cumplido cada uno dentro del circuito de retiro, traslado y posterior venta de los productos. El principal acusado deberá cumplir arresto domiciliario en un hotel.
La jueza Diovanet Olivera dispuso para el exjefe de compras arresto domiciliario total con dispositivo de vigilancia electrónica, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a los restantes imputados.
Sin embargo, se presentó una situación particular al momento de establecer dónde cumpliría la medida cautelar.
Como el principal acusado compartía vivienda con su padre, también formalizado en la causa, la Justicia determinó que no podían permanecer en el mismo domicilio debido a la prohibición de contacto entre ambos.
Por ese motivo, el sujeto deberá cumplir inicialmente el arresto domiciliario en un hotel y tendrá un plazo de 15 días para establecer otro domicilio.
En caso de no cumplir con esa exigencia, deberá pasar a prisión preventiva, según lo dispuesto en la audiencia.
El padre tendrá arresto domiciliario nocturno y los otros imputados deberán presentarse ante la Policía
Para el padre del principal acusado se estableció arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, junto con la prohibición de comunicarse o acercarse a los demás involucrados.
En tanto, el tío y el otro exempleado deberán fijar domicilio, presentarse ante una dependencia policial y cumplir con el cierre de fronteras. También se les impuso la prohibición de comunicación y acercamiento con los restantes imputados durante 120 días.
Respecto de la mujer, pareja del principal investigado, se dispuso que permaneciera en libertad, aunque continuará vinculada a las actuaciones. Entre las medidas cautelares establecidas figuran la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país.
INVESTIGAN LA RUTA DEL DINERO Y SI FUE UTILIZADO EN OTRAS OPERACIONES
Además de la presunta apropiación de mercadería, la Fiscalía analiza el destino de los beneficios económicos que se habrían generado mediante la comercialización de los productos.
Las actuaciones incluyen el estudio de movimientos bancarios, bienes y operaciones patrimoniales para determinar si existieron maniobras destinadas a incorporar al circuito económico dinero de posible origen ilícito.
En ese sentido, la Fiscalía considera que la apropiación indebida investigada podría constituir un delito precedente para un eventual lavado de activos. No obstante, esa línea de investigación continúa en desarrollo.
El perjuicio económico denunciado por Bowerdin S.A. supera el millón de dólares, aunque la cifra definitiva deberá establecerse a partir de la documentación contable y de las actuaciones judiciales.
El abogado Jorge Barrera destacó el trabajo coordinado de la Policía y la Fiscalía, que permitió avanzar en una investigación iniciada varios meses atrás.
El caso ha generado repercusión por la magnitud de las pérdidas denunciadas y por el mecanismo que se habría utilizado para desviar mercadería de reconocidos establecimientos gastronómicos con presencia en Carrasco y Punta del Este.
El responsable de estos establecimientos es el conocido empresario Gustavo Barbero, vinculado a tres restaurantes en José Ignacio (uno de ellos La Huella) siendo socio de Martín Pittaluga y Guzmán Artagaveytia.
El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, encabezada por Sandra Fleitas, y tuvo este viernes una instancia judicial en la que la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso la formalización de cuatro hombres por delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida.
Entre los imputados se encuentran el citado exjefe de compras de la empresa Bowerdin S.A., su padre, su tío y otro exempleado de la firma gastronómica.
Una quinta persona, pareja del principal investigado, quedó en libertad y continuará siendo investigada por su presunta participación en los hechos.
LA MANIOBRA DE LOS HUEVOS POR EJEMPLO
Uno de los datos más llamativos que surgieron durante la audiencia judicial fue la importante diferencia entre la mercadería que se facturaba a la empresa y la que realmente necesitaban los establecimientos gastronómicos.
Según se expuso ante la Justicia, se registraban compras de 1.800 huevos diarios cuando el consumo efectivo de ambos restaurantes oscilaba entre 100 y 200 unidades.
Esta diferencia fue uno de los elementos que despertó sospechas sobre el manejo de las compras y motivó una revisión de las operaciones comerciales.
La empresa comenzó a detectar que el volumen de alimentos e insumos adquiridos no coincidía con el consumo de las cocinas ni con las existencias de mercadería.
Las irregularidades dieron lugar a una auditoría interna que permitió identificar operaciones presuntamente fraudulentas y derivó en el despido de varios trabajadores por lo que la firma consideró «notoria mala conducta».
LA MERCADERÍA ERA DESVIADA HACIA UNA FRUTERÍA FAMILIAR
De acuerdo con la hipótesis presentada durante la audiencia realizada este viernes en la sede de Crimen Organizado, el principal acusado habría aprovechado su cargo y la confianza que tenía dentro de la empresa para organizar un sistema de compras y entregas fraccionadas.
El hombre trabajaba desde julio de 2017 en Bowerdin S.A. y era responsable de gestionar los pedidos a proveedores para abastecer las cocinas de Manzanar y Río Café.
La maniobra habría consistido en coordinar con los proveedores la entrega de los productos en cantidades separadas.
De esta manera, a los restaurantes llegaba únicamente la mercadería que efectivamente utilizaban para su funcionamiento, mientras que el resto, pese a estar facturado y pagado por la empresa, era retirado por familiares del encargado de compras.
Los productos desviados eran trasladados a una frutería vinculada a la familia, ubicada en la zona de Bulevar Artigas y Bulevar España, en Montevideo, donde posteriormente habrían sido comercializados.
Los investigadores procuran establecer durante cuánto tiempo se desarrolló este mecanismo, qué cantidades de mercadería fueron desviadas y cuáles fueron los beneficios económicos obtenidos.
4 HOMBRES FORMALIZADOS Y EL PRINCIPAL ACUSADO FUE A CUMPLIR LA CAUTELAR A UN HOTEL
La denuncia penal fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el abogado Jorge Barrera, representante legal de Bowerdin S.A. Tras las actuaciones policiales y fiscales, cinco personas fueron conducidas ante la Justicia: cuatro hombres y una mujer.
La Fiscalía atribuyó al principal investigado (jefe de compras) la presunta autoría de los delitos de asociación para delinquir y apropiación indebida.
Los otros tres hombres —su padre, su tío y un exempleado de la empresa— fueron formalizados por los mismos delitos, pero en calidad de presuntos coautores.
La investigación apunta a determinar las funciones que habría cumplido cada uno dentro del circuito de retiro, traslado y posterior venta de los productos. El principal acusado deberá cumplir arresto domiciliario en un hotel.
La jueza Diovanet Olivera dispuso para el exjefe de compras arresto domiciliario total con dispositivo de vigilancia electrónica, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a los restantes imputados.
Sin embargo, se presentó una situación particular al momento de establecer dónde cumpliría la medida cautelar.
Como el principal acusado compartía vivienda con su padre, también formalizado en la causa, la Justicia determinó que no podían permanecer en el mismo domicilio debido a la prohibición de contacto entre ambos.
Por ese motivo, el sujeto deberá cumplir inicialmente el arresto domiciliario en un hotel y tendrá un plazo de 15 días para establecer otro domicilio.
En caso de no cumplir con esa exigencia, deberá pasar a prisión preventiva, según lo dispuesto en la audiencia.
El padre tendrá arresto domiciliario nocturno y los otros imputados deberán presentarse ante la Policía
Para el padre del principal acusado se estableció arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, junto con la prohibición de comunicarse o acercarse a los demás involucrados.
En tanto, el tío y el otro exempleado deberán fijar domicilio, presentarse ante una dependencia policial y cumplir con el cierre de fronteras. También se les impuso la prohibición de comunicación y acercamiento con los restantes imputados durante 120 días.
Respecto de la mujer, pareja del principal investigado, se dispuso que permaneciera en libertad, aunque continuará vinculada a las actuaciones. Entre las medidas cautelares establecidas figuran la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país.
INVESTIGAN LA RUTA DEL DINERO Y SI FUE UTILIZADO EN OTRAS OPERACIONES
Además de la presunta apropiación de mercadería, la Fiscalía analiza el destino de los beneficios económicos que se habrían generado mediante la comercialización de los productos.
Las actuaciones incluyen el estudio de movimientos bancarios, bienes y operaciones patrimoniales para determinar si existieron maniobras destinadas a incorporar al circuito económico dinero de posible origen ilícito.
En ese sentido, la Fiscalía considera que la apropiación indebida investigada podría constituir un delito precedente para un eventual lavado de activos. No obstante, esa línea de investigación continúa en desarrollo.
El perjuicio económico denunciado por Bowerdin S.A. supera el millón de dólares, aunque la cifra definitiva deberá establecerse a partir de la documentación contable y de las actuaciones judiciales.
El abogado Jorge Barrera destacó el trabajo coordinado de la Policía y la Fiscalía, que permitió avanzar en una investigación iniciada varios meses atrás.
El caso ha generado repercusión por la magnitud de las pérdidas denunciadas y por el mecanismo que se habría utilizado para desviar mercadería de reconocidos establecimientos gastronómicos con presencia en Carrasco y Punta del Este.
El responsable de estos establecimientos es el conocido empresario Gustavo Barbero, vinculado a tres restaurantes en José Ignacio (uno de ellos La Huella) siendo socio de Martín Pittaluga y Guzmán Artagaveytia.
