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Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de la IDM, dijo a FM GENTE que los programas de actuación integrada comienzan “por iniciativa de un particular y que la Intedencia gestiona y envía al legislativo para su aprobación”.

Explicó que se aplica para predios rurales, que no se pueden fraccionar sin este proceso de transformación del suelo y requieren una evaluación ambiental y de ordenamiento territorial, para ser aprobados.

PROCESO DE VARIOS MESES

“Previo a estas instancia, la IDM debe consultar a la población”, indicó. Dijo que tras la presentación del proyecto durante 30 días, se cumple la audiencia pública, que fue lo que se efectuó ayer para este proyecto.

Tras la presentación, “las instituciones o las personas pueden expresarse”, agregó.

Esta iniciativa fue presentada por Manantial del Sol S.A., Coralview LLC, y Lookview LLC, propietarios de los padrones Nº 24.976, 24.978, 24.977 y 24.979 de la 6ª sección catastral del departamento de Maldonado; se localizan en el kilómetro 170 de la Ruta 10 Juan Díaz de Solís, al sur de ésta y sobre la faja de defensa de costas.

El proyecto consiste en la urbanización de un predio destinado a viviendas unifamiliares de veraneo y un hotel de playa; se ubica al sureste de la ruta nacional Nº 10 con acceso a partir de un camino auxiliar o ensanche según lo definido en el estudio de tránsito realizado. Se propone un fraccionamiento en 26 lotes, siendo el de mayor dimensión el destinado a un hotel.

“Nosotros escuchamos los planteos, los analizamos y vemos si hay elementos que nos faltaron incluir en el proyecto, los incluimos y recién ahí queda elaborado el poryecto final que va a Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot). Y recién después de obtenidas las autorizaciones de Ministerio va a ir a la Junta Departamental” para que se categorice el suelo “como urbano”, subrayó Laguarda.

Indicó que después se debe proceder al fraccionamiento y a tramitar el permiso de construcción. “Y como está en la faja de los 250 metros también van a tener que obtener la autorización ambiental previa, de cada edificación. Y ahí recién termina el proceso. Ahora estamos en el inicio”, precisó.

Estimó que todo el proceso “va a llevar varios meses más. Y va a depender de la gestión que tenga en el Ministerio”.

OBJECIONES

Algunos vecinos plantearon objeciones al proyecto durante la audiencia, especialmente por el lugar donde está ubicado y por el eventual impacto ambiental.

Además, estuvo en la audiencia el edil frenteamplista Joaquín Garlo, quien, en calidad de vecino, dijo que predio está categorizado por ley como “rural natural”, buscando su preservación.

También dijo que la documentación que obtuvo presenta “dudas” sobre la titularidad de la tierra, por lo que no sería posible su enajenación al estar en el área costera.

“Este punto no ha sido resuelto, pese a que se ha intentado demostrar por parte de los gestionan tés la dominicanidad privada de la tierra” en esta y en instancias anteriores, destacó.

Asimismo, resaltó que “cualquier intervención humana va a generar una afectación significativa en el desarrollo de ese ecosistema”.