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El abogado Gúmer Pérez, quien representa a la mujer, presentó el caso el pasado viernes en el Juzgado de 1er turno de Maldonado. La demanda es contra cinco empresas y dos particulares, que señalan como parte de un “conjunto económico” que se dedica a negocios inmobiliarios.

El monto del reclamo es de $8.932.895,39, que equivalen a unos US$ 290.000, relacionado a salarios impagos, licencias no gozadas, salario vacacional, aguinaldo, despido abusivo, daño moral y perjuicios.

En el escrito presentado se relata que la mujer comenzó a trabajar en el área de venta y administración del showroom de Trump Tower el 15 de noviembre de 2013, habiendo pactado un ingreso fijo más comisiones.

Al mes de trabajar ya comenzó a tener problemas para cobrar las comisiones. En diciembre de 2013 solicita que se le informe cuándo y cómo cobraría las comisiones, pero no obtiene respuesta. En enero de 2014 le dicen que le abonarán un sueldo fijo de US$ 400, más una cifra igual por adelanto de comisiones.

Cuando en febrero de 2014 pretendió cobrar sus comisiones (se llevaban vendidas unas 30 unidades), le dijeron que sería de 0,1% y no del 0,5% como había pactado. Dice que no renunció en ese momento porque su esposo había perdido su trabajo y ella tenía "ganas de seguir apostando" al proyecto Trump Tower.

Según el acuerdo le correspondía el 1% de comisión por cada venta que consiguiera ella en forma directa aportando al cliente, y de 0,5% si el comprador iba al showroom y ella lo atendía.

"Fueron muchas las veces que pedí que me pagaran o adelantaran las comisiones por mí generadas en las ventas, ya que tenía compromisos pendientes como el colegio de mis hijos, y el alquiler mensual de la casa en que vivimos. Me dieron algo de adelanto, pero no lo suficiente como para aliviar los compromisos", relata en la demanda, al tiempo que agrega que tuvieron que vender su vehículo para cumplir con el alquiler y afirma “mis empleadores hicieron oídos sordos”.

Según cuenta, la venta de una unidad por la que le dijeron que no cobraría comisión porque el cliente había sido enviado por otro bloker y una llamada telefónica donde uno de ellos “en un tono totalmente irrespetuoso (…) me insultó y denigró”, cuando ella le insistió para cobrar las comisiones, fueron la “gota que desbordó el vaso”.

La mujer se consideró despedida cuando luego de cobrar algunas comisiones de las ventas le fueron descontados 13 meses de comisiones por US$ 400, “insólito, no solo no me pagaban lo que me debían, sino que además me descontaban lo que no me habían abonado”, afirma en la demanda. Su desvinculación con el proyecto se concretó el 10 de julio de 2015.

"Apreciará la Sede —dice en la demanda— que fui despedida a los 44 años de edad, en el cenit de mi carrera profesional y con una expectativa enorme de llegar a los más altos escalafones a nivel internacional" si seguía trabajando para el Grupo Trump.

Pérez dijo a El País que esta es una "demanda inédita" en Uruguay, porque involucra a un grupo de empresas con fuertes inversiones, en un proyecto inmobiliario que tuvo el apoyo del gobierno y que lo declaró de interés turístico para el departamento de Maldonado.

Fuente: El País