Los hechos ocurrieron al menos por un año y el imputado habría amenazado a la víctima con un arma de fuego.
Un hombre de 67 años fue formalizado por reiterados delitos de abuso sexual agravado contra una menor y se dispuso que cumpla como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.
Según informó la Primera Página de la Revista de FM GENTE, los hechos ocurrieron al menos durante un año y el imputado habría utilizado amenazas con un arma de fuego para garantizar el silencio de la víctima.
La Fiscalía Departamental Especializada en VBG, Doméstica y Sexual de San Carlos de 2º turno formalizó a un comerciante de Maldonado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado y de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en perjuicio de una adolescente de 15 años.
La resolución fue adoptada en la audiencia de formalización celebrada el pasado 11 de diciembre, ante el Juzgado Letrado de Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, a cargo de la jueza Rossana Martínez. La magistrada entendió que existían elementos suficientes para dar inicio formal a la investigación penal y adoptar medidas cautelares de máxima intensidad.
El hombre es propietario de un comercio y se habría aprovechado de la cercanía de la víctima, una vecina de la zona, para cometer abusos reiterados durante aproximadamente un año.
Fuentes del caso informaron a Punta News que el hombre habría utilizado amenazas con armas de fuego para amedrentar a la adolescente e impedir que denunciara los hechos, asegurándole que atentaría contra la vida de su madre y de su hermano en caso de que hablara. En el marco del procedimiento judicial, se dispuso, además, la incautación de armas vinculadas al imputado.
De acuerdo a la investigación, el hombre hacía regalos a la menor como forma de manipularla y extender los abusos en el tiempo. En al menos una de las situaciones denunciadas, los hechos habrían constituido una violación, además de los abusos reiterados.
El caso además, dejó al descubierto una falla en el sistema de monitoreo electrónico, porque durante la investigación preliminar se le había colocado una tobillera electrónica, que no habría funcionado de forma correcta durante varios meses.
La víctima denunció que durante el tiempo que eso sucedió, al menos en dos ocasiones se cruzó con el hombre, a pesar de que tenía una medida de restricción de acercamiento. La investigación dejó en evidencia, luego de casi seis meses, que el dispositivo no funcionaba y por lo tanto las alertas iniciales no prosperaron.
El hombre deberá cumplir prisión preventiva hasta el 9 de junio de 2026. Además la magistrada dispuso que se comunique al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que el imputado padece hipertensión arterial y diabetes tipo II, debiendo adoptarse las medidas sanitarias correspondientes. También se dispuso la realización de una pericia médico-forense para determinar si su estado de salud resulta incompatible con la reclusión.
Además, la resolución judicial dispuso la suspensión del ejercicio de la patria educativos, de salud o en cualquier actividad que implique trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de dependencia, hasta que recaiga resolución definitiva.
Al conocerse el fallo judicial, la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación contra la medida cautelar, que fue admitido sin efecto suspensivo. La causa será elevada al Tribunal de Apelaciones Penal, mientras el imputado permanece privado de libertad.
La defensa de la víctima estuvo a cargo de los abogados Nicolás Bail Ingold y Pierina de la Rosa; mientras que el imputado fue defendido por la defensoría pública.
15 Dec 2025
11:46
