Sergio habló prácticamente al mismo tiempo que se divulgaba que ninguno de los ginecólogos de Maldonado planteó objeciones de conciencia para practicar abortos, en contraste con lo que ocurrió en Paysandú, Salto, y Tacuarembó, donde amplias mayorías se negaron a realizar extirpaciones de fetos.
“Tenemos un problema con la estructura de las policlínicas: acá tenemos que cumplir con la ley, que establece la existencia de un equipo que, en este caso, no lo tenemos; en este momento no tenemos asistente social exclusivamente para la policlínica”. La ley aprobada este año establece la obligatoriedad de que cada institución de salud disponga de un equipo integrado por un sicólogo o siquiatra, un asistente social, y un ginecólogo, para asesorar a la mujer que aspira a interrumpir un embarazo.