La Cámara de Casación confirmó el decomiso de 111 inmuebles para avanzar en la recuperación de fondos por el perjuicio causado al Estado en la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes en la causa “Vialidad”, una decisión que impacta directamente en Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. En concreto, el tribunal ordenó avanzar con la ejecución de 111 inmuebles para intentar recuperar parte del dinero que, según la Justicia, fue desviado del Estado a través de maniobras irregulares en la obra pública.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los planteos de las defensas. Los jueces consideraron que ya estaban dadas las condiciones para aplicar el decomiso, una herramienta legal que permite al Estado apropiarse de bienes vinculados a delitos con el objetivo de reparar el daño económico causado.
Según se detalló en la resolución, la mayor parte de las propiedades pertenece a Báez y sus empresas, aunque también se incluyen bienes vinculados a la expresidenta y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. En total, se busca cubrir un perjuicio estimado en 685.000 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales del fallo es el criterio utilizado para justificar el decomiso. El tribunal sostuvo que, en casos de corrupción compleja, no es necesario demostrar de manera exacta el recorrido de cada suma de dinero. Debido a que los fondos pueden mezclarse con ingresos legales, alcanza con acreditar una relación razonable entre el crecimiento del patrimonio y la maniobra delictiva investigada.
Las defensas habían argumentado que varios de los bienes, especialmente los de los hijos de la exmandataria, provenían de herencias o habían sido adquiridos antes del período bajo investigación, incluso vinculándolos a Néstor Kirchner. Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó esa postura y afirmó que los bienes pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos o heredados, si se considera que su origen está relacionado con fondos ilícitos.
El juez Borinsky, no obstante, planteó una disidencia parcial. Si bien coincidió en términos generales con el criterio adoptado, sostuvo que en algunos casos concretos —en especial respecto de bienes heredados— faltaba una fundamentación más precisa, por lo que propuso revisar parte de la medida. Su postura quedó en minoría.
A partir de esta decisión, los bienes quedarán bajo la órbita judicial para su administración y eventual venta. El objetivo final es recuperar activos que permitan compensar el daño económico al Estado determinado en la causa, que investigó un esquema de adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
24 Apr 2026
20:33
