La Mesa de Convivencia Ciudadana (MCC) de La Barra de Maldonado decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia para explicarle el problema que se les ha planteado con unas fiestas privadas que esconden un gran negocio, afectan la convivencia, y se extienden a todo el país sin que se las pueda detener con la normativa vigente, dijo el portavoz de la institución, José Perilles, en diálogo con FM Gente.
Perilles narró lo que ocurrió en la última reunión que esa organización realizó, la que incluyó a autoridades del municipio de San Carlos, de la Intendencia de Maldonado, de la Policía, y de las fuerzas vivas.
Con cierto tono de impotencia refirió que con presencia de todos los puntos de vista sobre el avance que estas fiestas privadas han tenido en su zona de influencia, hay dos aspectos insalvables para evitar lo que está pasando, el artículo 11 de la Constitución de la República, y la falta de lo que denominan “sensibilidad” de los jueces que atienden estos casos.
El artículo 11 de la Constitución de la República establece: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
EL TOTAL DESCONCIERTO
Perilles afirmó que en la reunión “llegamos a evaluar que UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas), corte la luz, cosa que no se puede hacer”. “Ya lo sabíamos de antemano por un intercambio que tuvimos con gente del ente, que no están habilitados para hacer eso, no lo pueden hacer, y menos en horas de la noche”, relató, mostrando el grado de desorientación que les ha ganado para lidiar con un problema que lo ven armado y de difícil solución.
“Lo que vimos con todos es que el atolladero siempre está en ese artículo (11) de la Constitución que no podemos pasar por arriba; ponernos a trabajar con los legisladores en pro de hacer una ley, también va a ser gastar pólvora en chimangos”, porque los mandatos constitucionales están por encima de cualquier ley, prosiguió.
Agregó que “entonces dijimos: apliquemos toda la normativa que ya está, involucremos a todos los actores, comerciantes, propietarios, prensa y demás, porque hay un problema muy grande de imagen para el departamento; lo que sucedió este verano recorrió todos los diarios de la zona, por lo menos, tanto Argentina y Brasil, y hagamos sensible al Poder Judicial que es el que tiene la herramienta más fuerte al día de hoy”.
“Donde realmente se apliquen los decretos vigentes y un juez venga y procese una, dos, tres, 10 personas, por este tema, el tema se corta”, aseguró, más como una plegaria que como una seguridad.
UN TEMA VIEJO
Señaló que están “retomando el tema, (porque) nosotros ya lo habíamos tratado con las distintas autoridades, tanto municipales como de la alcaldía; en la Mesa de Convivencia participa mucha gente, distintos actores de los balnearios de La Barra, El Tesoro, Manantiales”.
“Ya lo habíamos tratado antes del verano viendo la problemática que habíamos tenido veranos anteriores, con las famosas fiestitas privadas en casas particulares; es un problemón (al) que no se le está dando la dimensión que realmente tiene, no solamente para quienes vivimos acá, convidaría a cualquiera a que esté 15 días” en este lugar, invitó.
Contó que este miércoles 20 de marzo “se enojaron conmigo porque me dijeron varios vecinos que ‘tú sabes bien Pepe que no fueron 15 días, que fueron más los días que nosotros no pudimos dormir’; pero pongámosle que fueron 15 días de no dormir: es inhumano”, proclamó.
“Hubo gente que tuvo que mandar a sus hijos a otro departamento para poder dormir; eso como parte del problema; el problema tiene un montón de puntas; es todo un problema social que se arrastra desde…, estas fiestas no crean que vienen y son espontáneas acá; estas fiestas tienen una preparación, es gente de un alto poder adquisitivo la que las organiza, son hijos de gente de alto poder adquisitivo, que vienen con todo un bagaje legal de asesoramiento atrás”, dijo.
CON TRES ABOGADOS DE RENOMBRE
Perilles advirtió que, “para que se tenga una idea, en uno de los emplazamientos que hubo al Poder Judicial, estos niños cayeron con tres abogados de renombre a presentarse a la audiencia a la que comparecían por desacato a la orden municipal”.
“Caer a (responder por) un desacato con tres abogados ya está dando la idea de la magnitud de lo que mueven estos niños; estos niños, a su vez, se llevan grandes volúmenes de dinero porque son fiestas que trabajan sin (enmarcarse en) ningún término legal, completamente por fuera de todo lo que es aporte a DGI (Dirección General Impositiva), aportes a BPS (Banco de Previsión Social), a Agadu (Asociación General de Autores del Uruguay), aportes municipales, y demás”, denunció.
Manifestó que “quien organiza estas fiestas sabe muy bien cuáles son los marcos legales, y por donde los pueden agarrar al día de hoy, y por donde no; y sobre todas las cosas que se barajaron y se tiraron sobre la mesa, siempre llegamos a que todos los caminos conducen a Roma: el nudo gregoriano (nudo gordiano) de esto es el artículo (11) de la Constitución donde (se establece que) la policía no puede acceder a un domicilio particular en horas de la noche”.
“Con eso, lamentablemente al momento estamos atados de pies y manos en lo que es” la intención de detener la realización de las fiestas privadas en la zona, apuntó.
Confesó que llegaron a ver que van a tener problemas al “crear nueva legislación, porque por linda legislación que podamos hacer, supongamos un buen escenario donde los legisladores departamentales lográramos redactar entre todos una hermosa ley que acotara esto, a su vez eso se aprobara en el Parlamento en tiempo y forma antes de la temporada que viene, se va a aplicar lo que prima que es la Constitución”.
Hizo gráfico que la policía llega ante los responsables de estas fiestas, que introducen desorden, ruido, y otras amenazas a los habitantes de la zona, no puede pasar de la puerta de la casa, ni siquiera a recoger testimonio sobre lo que realmente está pasando dentro de esas casas.
ESTUVO A PUNTO DE CORRER SANGRE; Y SE EXTIENDE AL PAÍS
Sostuvo que están reuniendo todo lo que se ha hecho desde distintas instituciones de la zona, como el Municipio de San Carlos, la Intendencia de Maldonado, la Policía, y los medos de prensa, sin poder detener el avance de estas denominadas fiestas privadas.
“Con eso vamos a ir al Poder Judicial en Montevideo, a plantearles que no estamos ante un problema menor, que nuestro gran temor es que esto pase a mayores porque va a encontrar un día a uno, dos, tres, 10 vecinos exaltados, y va a correr sangre, porque no corrió este verano de pura casualidad en varios hechos que hubo”, dijo.
Añadió que “aparte, oportunistas entran y roban en las casas (aprovechando el desorden), entonces estos muchachos exaltados salen a buscar esos oportunistas como para lincharlos; hay todo un entorno”, dijo, refiriendo a gente que está siendo víctima de esta situación y que es más proclive a reaccionar de una forma más violenta.
“Es muy grande la problemática, está afectando la imagen turística del departamento; cierta gente no se está dando cuenta de la magnitud que tiene esto”, proclamó.
Dijo que “lo peor es que se está replicando en otras partes del país, ya se está replicando en Montevideo, Ciudad de la Costa, Salto, y Rivera, por lo que a nosotros nos llega información”.
“Es información (la de estas fiestas) que aparte se maneja en redes sociales, en Facebook; es gente muy bien organizada, acá no hay ninguna improvisación, es gente que los provee de alcohol porque yo lo constaté en la esquina de mi casa con mis propios ojos, paraban camiones de distribuidoras grandes de Montevideo, y se bajaban (muchos) litros de alcohol”, aseguró.
ALCOHOL, DROGAS, SEXO
Perilles apuntó que “dentro de esas fiestas corre alcohol, drogas, es como la canción de rock: sexo, droga, y rocanrol; es lo que sucede dentro de esas casas”.
“Estos niños no son ningunos improvisados a la hora de hacer las cosas, estos niños se preparan durante todo el año, desde Montevideo, ya empiezan a recaudar sus fondos en distintas fiestas del mismo tenor que se hacen en Montevideo, donde el clima es (terminar) en Punta del Este que es el final de la historia”, aseveró.
Descartó que poner una cláusula en los contratos de alquiler de las casas de la zona que limite su uso a vivienda familiar, sea viable. “Desde antes del verano pasado se ha venido tocando este tema, y viendo todas las puntas; una, no se puede pasar por encima de la ley nacional de alquileres, en la cual para hacer un desalojo es (iniciar) un largo proceso que en 15 días no se da; entonces, no hay manera de desalojarlos”, con lo que cualquier cláusula pierde eficacia, reflexionó.
“Mentira que solamente vienen los muchachos a hacer (los contratos de) los alquileres; la inmensa mayoría son los propios padres que alquilan las propiedades para sacarse un problema de encima; le dicen: ‘nene, andate con tus amigos, a mi dejame veranear tranquilo, divertite con tus amigos, jodé, rompé los cocos allá, a mi no me molestes’; los propios padres lo tienen muy claro”, aseguró.
Contó el caso del alquiler de “la casa del padrino de mi hijo, la alquiló un estudio de un renombrado abogado de Montevideo, donde la persona la tenía muy clara: le dijo al agente inmobiliario, ‘no me moleste hasta la tercera denuncia (advertencia) que realice el municipio’; porque ellos saben que sí, después de la tercera (advertencia) hay un paso judicial” que se pone en marcha.
“La gente que alquila tiene muy claras las leyes en juego, acá no se está hablando de gente improvisada de un grupito de muchachos que vino, juntó unos manguitos, alquiló y ya, ‘vamos a hacer una fiestita’; no, no, no, no nos creamos ese cuentito, ese cuentito es mentira, ese cuentito puede haber sido (así) en sus inicios; al día de hoy hay toda una red en torno a esto, donde para un grupo de muchachos es un negocio muy rentable, puedo asegurar que se llevan mucho dinero luego que termina la temporada acá, para sus hogares, mucho dinero”, indicó.
USAR LAS HERRAMIENTAS QUE ESTÁN
Después de describir sus puntos de vista sobre la realidad que enfrentan, Perilles dijo que llegaron a la conclusión de que “no nos creemos con tanta fuerza como para cambiar ese artículo (11) de la Constitución, nos vamos a tirar a utilizar las herramientas que ya están”.
“Las leyes al día de hoy están (para detener esto), los decretos están, el tema es que no se cumplen, no se hacen efectivos, se los toma con vista gorda (sin mucho rigor); la idea es juntar toda la información para que la gente vea la enorme problemática, que no es uno, dos, 10 vecinos que con todo su derecho tienen su horario de descanso sagrado para que se lo preserven, no vayamos a eso”, dijo.
Agregó que intentarán mostrar que “estamos ante otro problema mucho más grande que (la gente que habita) una zona no pueda dormir; es mucho más grande el problema”, ubicó.
“Intentaremos sensibilizar al Poder Judicial y que los jueces actúen; que (vean que) no estamos acá ante un desacato menor, el desacato es mucho más grande; estamos intentando armar un equipo de abogado para que nos asesoren cuánta cantidad de cosas se contravienen con este tipo de fiestas”, señaló.
Dijo que “no es simplemente el desacato a las normas municipales, o cuando llega la policía se apersona y les dicen ‘muchachos ustedes tienen que bajar los decibeles’, la policía no llegó a la esquina y los decibeles están al mango de vuelta; ante todo eso, vamos a ver qué es lo que se puede hacer realmente, cuales son las normas a aplicar, y que los jueces de turno sean sensibles con eso”, remató.
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Entrevista: Alexis Cadimar