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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “Vialidad”. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso presentado por la defensa de la ex mandataria y respaldaron la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo, emitido con fundamentos bajo la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, marca un hito institucional. La Corte rechazó no solo el pedido de Kirchner, sino también las apelaciones de otros condenados y del fiscal federal Mario Villar.

Con la ratificación de la pena, Kirchner queda impedida de postularse en las elecciones legislativas provinciales del 7 de setiembre, donde aspiraba a una banca por la provincia de Buenos Aires. Su candidatura le habría permitido obtener fueros y así evitar el cumplimiento efectivo de la sentencia.

A sus 72 años, la ex presidenta reúne las condiciones legales para solicitar arresto domiciliario, una medida que será evaluada por el TOF 2. El tribunal también deberá definir el futuro judicial de otros implicados, como Lázaro Báez y José López.

Minutos después de conocerse la decisión, cientos de personas se concentraron frente a la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, donde Kirchner se reunió con su círculo más cercano. En ese mismo lugar había declarado el día anterior que “estar presa es un certificado de dignidad”.

La causa por la que fue condenada investiga la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, período que abarca las presidencias de Néstor Kirchner y de la propia Cristina.

Además del fallo judicial, Kirchner enfrenta restricciones a nivel internacional. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada al país norteamericano por cargos vinculados a corrupción, en el marco de sanciones aplicadas también a su ex ministro Julio de Vido y a varios miembros de sus familias.