A raíz del procesamiento de dos mujeres con prisión y una tercera sin prisión, por participar en la realización de un aborto en el departamento, la organización Pro-Vida afirma que el aborto legal fracasó en su objetivo de terminar con esta práctica en forma clandestina, como lo demuestra este hecho y la muerte de una mujer en 2013.
Señalan también que el aborto legal también ha evidenciado “un rotundo fracaso en contener a las madres embarazadas en situación de vulnerabilidad y con embarazos inesperados, como además lo confirman las cifras oficiales del MSP donde más del 90% de las mujeres que consultan para abortar no encuentran una alternativa al aborto y no continúan con su embarazo”.
Afirman que el aborto legal en nuestro país viene en franco crecimiento, pasando de 6676 abortos en el primer año a 8499 abortos en el segundo año.
A través de un comunicado el movimiento sostiene que no hay cambios en cuanto a la legalización del aborto y por tanto no se solucionan los problemas reales de vulneración de derechos por los que atraviesan muchas mujeres y que son las causas que las llevan a abortar como la violencia; abusos; violaciones; pobreza; exclusión familiar, laboral y educativa; entre otros.
Sostienen que se hace urgente la aplicación de políticas familiares orientadas a fortalecer la capacidad de desarrollo personal y familiar de la mujer, que hagan efectiva, por ejemplo, la conciliación de empleo y educación con maternidad.
Entienden que la práctica del aborto y su legalización, nos convierte en un Estado cómplice que coarta el desarrollo de miles de uruguayos no nacidos -violando su Derecho a la Vida- y resigna a la más absoluta soledad y frustración a miles de madres, como muestra este triste hecho en cuestión.
En ese sentido reafirman su compromiso de derogar la ley 18987 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo” y construir un sistema de protección social de la maternidad.
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