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En uno de los recursos administrativos que presentaron en UTE se señala que solamente la estación transformadora prevista tiene un valor cercano a los US$ 10 millones.

Los vecinos entienden que de llevarse a cabo esta obra, que fue planificada por el gobierno anterior, habría “una importante pérdida de valores ambientales y paisajísticos” y “se hipotecaría un área de gran valor turístico y de mayor futuro por tratarse de una zona rural, en suelo potencialmente transformable muy cerca del mar, privando a la comunidad del desarrollo socioeconómico y de los ingresos que trae aparejada la industria turística, desarrollada de forma sustentable”.

En una carta que le enviaron al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, agregan que “el tendido de más de 7,5 kilómetros y 24 torres afectaría el horizonte de un tramo de la Ruta 104, donde un grupo de organizaciones culturales allí emplazadas, en las inmediaciones de la Fundación Pablo Atchugarry, buscan nombrarla ‘La ruta del arte’”. Los vecinos movilizados son una treintena, y entre ellos hay franceses, españoles, norteamericanos y argentinos.

“La futura usina de 150 Kw, parece desproporcionada para la densidad actual y futura de lugar. Tiene un emplazamiento próximo a la laguna José Ignacio, en un terreno donado por un particular dentro de un área de alto valor ambiental y refugio de numerosas especies amenazadas. Está dentro del 20% del territorio nacional con prioridad de conservación. Parece curioso que haya sido calificada como Categoría A por Dinama, lo cual no establece un estudio de impacto ambiental previo”, agrega la misiva.

VECINOS AL MARGEN

Leonardo Nogués, uno de los vecinos de la zona, dijo a El País que los residentes no fueron notificados del proyecto por UTE, lo cual “debe hacerlo por reglamento interno y por tratarse de los afectados”. Indicó además que les negaron un pedido de acceso a la información pública y que a través del abogado que los representa, Gonzalo Ramírez, el ente “ha sido poco transparente al momento de acceder a todo el expediente”.

“Misteriosamente, UTE no termina de permitirnos acceder a toda la documentación. En lo que pudimos acceder, hemos encontrado irregularidades; existió una negociación encubierta con un propietario cambiando el proyecto ajustándolo a sus intereses y asumiendo el ente un sobrecosto de al menos US$ 2,5 millones”, agregó el vecino.

En la carta que le enviaron al secretario de la Presidencia, los vecinos señalan que tampoco se ha solicitado “autorización alguna a la Intendencia de Maldonado, quien tiene competencias para oponerse al trazado según la ley de Ordenamiento Territorial N° 13.308”.

Los vecinos también iniciaron una petición en el sitio Change.org, que lleva más de 4.000 adhesiones.

DEL GOBIERNO ANTERIOR

La comisión de vecinos de Ruta 104, Camino Medellín y laguna José Ignacio señaló por carta al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que la obra proyectada por UTE en la anterior administración es “una acción prepotente de un ente estatal”. El abogado Gonzalo Ramírez dijo que con el nuevo gobierno hay al menos “una actitud distinta para mostrar la prueba”.

DONACIÓN QUE CUESTA CARA A UTE

El abogado de los vecinos, Gonzalo Ramírez, adelantó a El País que pedirá que se anule la donación que hizo una familia a UTE para que la subestación sea colocada en un terreno que era de su propiedad y, de esa manera, no afectar sus intereses. Ramírez explicó que la familia comunicó al ente en 2011 que tenía aprobados diversos fraccionamientos para emprendimientos inmobiliarios (chacras marítimas, canchas de polo, golf, etc.) que se verían afectados por la servidumbre de la línea. Pero el proyecto no se hizo.

Esta familia ofreció parte de un predio para reubicar la estación de modo que esta tuviera menos visibilidad y la línea produjera menos contaminación visual en esa zona de desarrollo turístico. Luego de distintas tratativas y tras el cambio del predio inicialmente propuesto, se llegó a un acuerdo conveniente para UTE y los interesados. Pero Ramírez indicó que el terreno donado tiene un valor de US$ 45.000 y el sobrecosto de la obra (por el cambio aprobado) será de US$ 2, 5 millones. Jurídicamente, esto haría que no se tratara de una donación, por ser el valor de la servidumbre mucho mayor que el del bien donado.



Fuente: Diario El País