El Dr. Juan Gómez estuvo recorriendo las fiscalías de Maldonado y San Carlos en estas horas. Adelantó en FM GENTE la necesitad de crear una fiscalía de género en la ciudad carolina ya que la instalación de los juzgados especializados en esta materia han generado 521 expedientes de todo el departamento, más 111 propios de San Carlos. También dijo se debe reforzar la Unidad de Víctimas y Testigos que está desbordada de trabajo.
El doctor Jorge Barrera, defensor de la familia de Lola Chomnalez, dijo a FM GENTE esta mañana que el detenido identificado como David Sena, y quien fue acusado por delito de homicidio muy especialmente agravado, aceptó haber robado pertenencias, pero no haberle dado muerte, y no pudo explicar la presencia de su ADN en la mochila.
En diciembre del año pasado se presentó una denuncia en la Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la ciudad de Maldonado contra un sujeto, por abuso sexual de una familiar menor de edad. A partir de allí se inició la investigación del caso, con las consabidas pericias forenses y actuaciones respectivas. En las últimas horas el hombre fue formalizado.
Esta vez se trata de un paciente de 57 años que en enero de 2019 fue diagnosticado con hepatitis viral tipo C, hizo saber el diario Correo de Punta del Este. El reclamo del hombre lo formuló en setiembre pasado y recién ahora el 20 de abril de 2022 se resuelve por parte del Tribunal de Apelaciones la sentencia definitiva.
En las últimas horas la policía realizó en la zona oeste del departamento un procedimiento denominado "Operación Beskar 2", donde se detuvo a dos personas que estaban comercializando drogas. Asimismo se dispuso por parte de la justicia la condena de ambos, que ya marcharon a prisión. Asimismo fue demolida la casa donde funcionaba la boca de comercialización de la droga.
Como lo informa FM GENTE, finalmente una sentencia civil responsabilizó al estado por la tragedia de la cárcel de Rocha, ocurrida el 8 de julio del 2010. La resolución adoptada por la justicia civil puede ser apelada por el ministerio del Interior, teniendo 15 días para ello. Además no alcanza a todos los familiares de los 12 reclusos fallecidos.