La jueza Rossana Martínez, a cargo del caso, había dispuesto medidas cautelares que impedían a Cal acercarse a menos de 500 metros de la denunciante durante un período de 180 días. Además, se había establecido una pensión alimenticia para los dos hijos menores de edad y un régimen amplio de visitas.
El caso tomó estado público durante la campaña para las elecciones departamentales, lo que motivó la renuncia de Cal a su candidatura a la Intendencia de Maldonado.
En su momento, la abogada de la denunciante, Dahianna Romero, afirmó en un comunicado que existían “pruebas contundentes, como audios y videos”. Romero explicó a FM GENTE que, tras una audiencia evaluatoria al finalizar el período en que regían las medidas cautelares, se resolvió no renovarlas.
Con esta resolución, quedaron sin efecto las medidas de restricción impuestas contra el exparlamentario.