Los presuntos estafadores captan a interesados a través de redes sociales. Les exigen dinero en efectivo y documentación reservada de menores de edad.
Vecinos de Maldonado radicaron una denuncia policial colectiva contra dos personas acusadas de estafar a cerca de 40 familias. De acuerdo con la denuncia a la que accedió FM GENTE, los referentes de la cooperativa - una mujer de 48 años y un hombre de 58 - captaban víctimas a través de redes sociales.
Según denuncian los vecinos, la maniobra fraudulenta se viene realizando desde hace varios años. En diferentes publicaciones, la cooperativa realiza “llamados a socios" y promete el acceso a terrenos sujetos a sorteo en el departamento, sin embargo nunca son registrados oficialmente.
Los denunciados “utilizan de forma activa las redes sociales (principalmente la plataforma Facebook) como canal de promoción masiva para invitar a familias con necesidad habitacional a integrarse a la cooperativa de vivienda Covi Crecer", señala la denuncia.
Para ingresar al supuesto proyecto, la pareja exige un pago inicial obligatorio de $3.800. Sin embargo, la investigación paralela de los afectados constató que algunas personas llegaron a aportar mensualidades consecutivas durante un período de hasta tres años.
Además del dinero, los denunciados obligaban a la entrega física de carpetas con documentación privada de todo el núcleo familiar, incluyendo recibos de sueldo, direcciones y datos reservados de hijos menores de edad.
Los acusados se presentaban directamente en los domicilios de las víctimas para retirar el efectivo y los papeles, o coordinaban los pagos mediante transferencias bancarias y mensajes de WhatsApp.
La denuncia también subraya que la pareja realizaba rifas que carecían de la autorización correspondiente y los fondos recaudados no eran en beneficio de los cooperativistas como aludían.
PROFESIONAL INVOLUCRADO SIN SABERLO
Con el fin de otorgar una falsa apariencia de legalidad a la maniobra, los denunciados afirmaban que los fondos aportados se encontraban bajo la estricta custodia y administración de un escribano público, según se desprende de la denuncia.
“Sin embargo, tras comunicaciones directas mantenidas por los damnificados con dicho profesional, este manifestó desconocer por completo la situación, aclarando formalmente que él no administra ni tiene bajo su responsabilidad ningún fondo económico de dicha cooperativa”, señala el documento.
Actualmente, las familias damnificadas exigen a la Fiscalía Letrada de Maldonado la devolución inmediata de sus documentos de identidad —los cuales permanecen retenidos por los implicados— y la formalización de la investigación penal por los delitos de estafa y retención Indebida. Los afectados no descartan que el número de víctimas sea significativamente mayor a medida que el caso tome estado público.