En el comunicado, el colectivo apunta contra el dictamen del Poder Judicial, argumentando que los magistrados actuantes desconsideraron las razones de fuerza mayor contempladas en el artículo 8 de la Ley 15.301.
Dicha normativa establece que los lanzamientos judiciales deben ser aplazados si en el inmueble habitan menores de 14 años o si la ejecución coincide con los meses de invierno. “Ambas aplican perfectamente a este caso. Nos preguntamos con preocupación: ¿por qué no se han tenido en cuenta precisamente para este caso?”, cuestiona el escrito.
Asimismo, el comunicado señala que el demandante es el padre de las niñas y propietario del terreno, a quien acusan de actuar de forma negligente y de eludir el artículo 87.1 de la Ley 14.219, el cual obliga legalmente al progenitor a proveer una alternativa habitacional decorosa para sus hijas antes de proceder con el desalojo.
“Denunciamos la grave vulneración de derechos de las niñas, desalojadas por su propio padre y por un sistema judicial que no sólo no ha puesto los derechos de las niñas en el centro, sino que pareciera haberlos desconsiderado completamente al no aplicar, para este caso, la normativa que podría protegerlas”, enfatizan.
La familia ha residido en la vivienda durante los últimos 13 años, tiempo en el cual las menores “se han arraigado al lugar y han generado lazos de amistad y referencia a través de su asistencia a la escuela pública del barrio. Nada de esto ha sido tenido en cuenta”, reclaman.
Ante la inminencia de la medida, la agrupación convocó a la comunidad local a concentrarse de forma pacífica en el lugar (ruta 73 entre ruta 37 y ruta 72) a las 10:00, para acompañar a la familia y manifestar su solidaridad ante lo que consideran un atropello a los derechos humanos de las niñas.
Dicha normativa establece que los lanzamientos judiciales deben ser aplazados si en el inmueble habitan menores de 14 años o si la ejecución coincide con los meses de invierno. “Ambas aplican perfectamente a este caso. Nos preguntamos con preocupación: ¿por qué no se han tenido en cuenta precisamente para este caso?”, cuestiona el escrito.
Asimismo, el comunicado señala que el demandante es el padre de las niñas y propietario del terreno, a quien acusan de actuar de forma negligente y de eludir el artículo 87.1 de la Ley 14.219, el cual obliga legalmente al progenitor a proveer una alternativa habitacional decorosa para sus hijas antes de proceder con el desalojo.
“Denunciamos la grave vulneración de derechos de las niñas, desalojadas por su propio padre y por un sistema judicial que no sólo no ha puesto los derechos de las niñas en el centro, sino que pareciera haberlos desconsiderado completamente al no aplicar, para este caso, la normativa que podría protegerlas”, enfatizan.
La familia ha residido en la vivienda durante los últimos 13 años, tiempo en el cual las menores “se han arraigado al lugar y han generado lazos de amistad y referencia a través de su asistencia a la escuela pública del barrio. Nada de esto ha sido tenido en cuenta”, reclaman.
Ante la inminencia de la medida, la agrupación convocó a la comunidad local a concentrarse de forma pacífica en el lugar (ruta 73 entre ruta 37 y ruta 72) a las 10:00, para acompañar a la familia y manifestar su solidaridad ante lo que consideran un atropello a los derechos humanos de las niñas.
