Edil del FA cuestionó el aumento del boleto y señaló que no se refleja en mejoras del servicio

El edil frenteamplista Juan Urdangaray cuestionó el nuevo ajuste en la tarifa del transporte departamental aprobado por la Intendencia de Maldonado y vigente desde el 1º de enero y señaló que supera la inflación anual de 3,65% por cuarto año consecutivo.

Según indicó, todos los boletos registraron aumentos de entre 3 y 5 pesos, con excepción del boleto local.

Detalló que las subas promedio fueron de 3,96% en los boletos comunes y de 4,05% en las combinaciones, valores que se ubican por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC). “No es un ajuste: es un aumento real”, expresó.

Urdangaray sostuvo que el argumento de acompañar la inflación “no se sostiene”, ya que, de acuerdo a su análisis, el incremento tarifario no se refleja en un aumento de usuarios ni en mejoras en las frecuencias, la cobertura horaria o la extensión territorial del servicio.

Indicó que el sistema mantiene los mismos problemas estructurales mientras el costo recae sobre los usuarios.

El edil afirmó que desde 2023 se consolidó una suba sostenida del boleto, tras un período de descenso y estabilidad que ubicó entre 2005 y 2014. Señaló que los valores actuales superan el último ajuste realizado durante el gobierno del Frente Amplio y se aproximan a los niveles registrados en 2016 y 2017.

También cuestionó la falta de información técnica que respalde los ajustes.

Recordó que un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), contratado por la propia Intendencia, concluyó que el sistema de información resulta insuficiente y que no existe una tarifa técnica confiable para conocer ingresos y costos reales. A pesar de ese diagnóstico, afirmó que desde 2015 se aplican aumentos anuales sin una base técnica consolidada.

Finalmente, señaló que el Frente Amplio propuso en el ámbito del diálogo interpartidario adoptar los lineamientos de modernización del transporte elaborados por CINVE, iniciativa que, según indicó, no obtuvo respuesta por parte del gobierno departamental.

Agregó que la política aplicada mantiene el esquema actual y traslada el costo del funcionamiento del sistema al bolsillo de los usuarios.