Cicero explicó que en mayo pasado presentó un pedido de informes a la Intendencia para conocer la nómina de funcionarios incorporados mediante este mecanismo legal, pero aseguró que hasta el momento no obtuvo respuesta.
"Hace unos 15 días hicimos la reiteración del pedido y seguimos sin respuesta. Anoche nos enteramos, a través de una publicación de La Diaria, de la información que nosotros veníamos solicitando", expresó.
El edil manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Ejecutivo Departamental y recordó que los pedidos de informes constituyen una herramienta fundamental para el ejercicio de las funciones de contralor de los legisladores departamentales.
Reclamó, además, explicaciones sobre los criterios utilizados para las contrataciones y cuestionó que la administración haya rechazado la ampliación de cupos del programa Uruguay Impulso por falta de recursos presupuestales.
Recordó que durante el tratamiento de la modificación presupuestal el Frente Amplio solicitó incorporar 150 cupos adicionales al programa Uruguay Impulso, destinado a generar oportunidades laborales y capacitación para personas con dificultades de acceso al empleo.
Sin embargo, según señaló, la Intendencia respondió que no existía disponibilidad presupuestal para financiar esa ampliación. "La realidad es que parece que sí había, porque más de 50 funcionarios contratados ingresaron a la Intendencia y, oh casualidad, todos militantes del Partido Nacional, parientes de militantes, parientes de alcaldes y concejales electos que renunciaron a sus cargos para asumir funciones en la Intendencia", afirmó.
Para Cicero, esta situación resulta especialmente preocupante porque considera que los puestos laborales deberían ofrecer oportunidades más amplias a la población. “No decimos que sea ilegal, pero tienen que justificar las designaciones”, enfatizó.
El edil aclaró que su sector no cuestiona la existencia del mecanismo previsto en el artículo 4 de la Ley 20.451, una normativa aprobada en el Parlamento que habilita a todas las intendencias del país a realizar determinadas designaciones directas.
Sin embargo, sostuvo que la legislación establece condiciones que deben cumplirse, entre ellas la idoneidad de las personas designadas, la fundamentación de las tareas y la necesidad del servicio. "No estamos diciendo que fuera ilegal. Lo que sí es ilegal, por ejemplo, es no fundamentar para qué tareas específicas y por qué son las personas idóneas", afirmó.
Cicero aseguró que esa información no fue proporcionada ni en respuesta a su pedido de informes ni, según sostuvo, en la documentación obtenida por el medio mediante una solicitud de acceso a la información pública.
También denunció que dos de los funcionarios ingresados mediante este mecanismo fueron posteriormente destinados en pase en comisión a la oficina del diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverria. "Es preocupante y la verdad nos indigna", expresó.
RECORDÓ LOS INGRESOS REALIZADOS MEDIANTE EL ANTIGUO ARTÍCULO 30
El representante frenteamplista comparó la situación actual con el régimen de designaciones que anteriormente existía en Maldonado, conocido como artículo 30.
Según Cicero, aquel mecanismo permitía al intendente realizar incorporaciones directas sin las exigencias de fundamentación que establece la normativa actual.
También cuestionó que funcionarios ingresados bajo ese régimen durante la administración anterior terminaran siendo presupuestados y permanecieran en la plantilla municipal. "Pensábamos que no íbamos a tener que discutir más sobre esto, pero la verdad es que parece que nada hubiera cambiado", manifestó.
RECLAMARÁN RESPUESTA Y NO DESCARTAN NUEVAS ACCIONES
Consultado sobre los próximos pasos, Cicero adelantó que insistirá en obtener una respuesta formal al pedido de informes presentado ante la Intendencia. En caso de que no se proporcione la documentación durante las próximas semanas, señaló que recurrirá al mecanismo de acceso a la información pública.
También anunció que el tema será analizado en una reunión de la bancada del Frente Amplio para definir eventuales acciones. Entre las posibilidades mencionó mantener un encuentro con representantes de ADEOM, con el objetivo de conocer la posición del sindicato de funcionarios municipales sobre las contrataciones.
Finalmente, recordó que existe el compromiso de una futura modificación presupuestal para el próximo año, en la que se abordarían aspectos relacionados con los recursos humanos de la Intendencia.
En ese contexto, planteó que también debería analizarse la situación de los ingresos de personal a través de la Fundación A Ganar, otro mecanismo sobre el cual considera necesario aportar mayor transparencia.
Cicero insistió en que el Frente Amplio no cuestiona la legalidad de las designaciones directas previstas por la legislación nacional, sino la falta de información sobre los fundamentos de las contrataciones y los criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios.
La controversia por los ingresos a la Intendencia de Maldonado continúa generando repercusiones políticas, luego de que el edil nacionalista Adolfo Varela defendiera la aplicación de la ley y recordara que el mismo mecanismo también es utilizado por intendencias gobernadas por el Frente Amplio.
"Hace unos 15 días hicimos la reiteración del pedido y seguimos sin respuesta. Anoche nos enteramos, a través de una publicación de La Diaria, de la información que nosotros veníamos solicitando", expresó.
El edil manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Ejecutivo Departamental y recordó que los pedidos de informes constituyen una herramienta fundamental para el ejercicio de las funciones de contralor de los legisladores departamentales.
Reclamó, además, explicaciones sobre los criterios utilizados para las contrataciones y cuestionó que la administración haya rechazado la ampliación de cupos del programa Uruguay Impulso por falta de recursos presupuestales.
Recordó que durante el tratamiento de la modificación presupuestal el Frente Amplio solicitó incorporar 150 cupos adicionales al programa Uruguay Impulso, destinado a generar oportunidades laborales y capacitación para personas con dificultades de acceso al empleo.
Sin embargo, según señaló, la Intendencia respondió que no existía disponibilidad presupuestal para financiar esa ampliación. "La realidad es que parece que sí había, porque más de 50 funcionarios contratados ingresaron a la Intendencia y, oh casualidad, todos militantes del Partido Nacional, parientes de militantes, parientes de alcaldes y concejales electos que renunciaron a sus cargos para asumir funciones en la Intendencia", afirmó.
Para Cicero, esta situación resulta especialmente preocupante porque considera que los puestos laborales deberían ofrecer oportunidades más amplias a la población. “No decimos que sea ilegal, pero tienen que justificar las designaciones”, enfatizó.
El edil aclaró que su sector no cuestiona la existencia del mecanismo previsto en el artículo 4 de la Ley 20.451, una normativa aprobada en el Parlamento que habilita a todas las intendencias del país a realizar determinadas designaciones directas.
Sin embargo, sostuvo que la legislación establece condiciones que deben cumplirse, entre ellas la idoneidad de las personas designadas, la fundamentación de las tareas y la necesidad del servicio. "No estamos diciendo que fuera ilegal. Lo que sí es ilegal, por ejemplo, es no fundamentar para qué tareas específicas y por qué son las personas idóneas", afirmó.
Cicero aseguró que esa información no fue proporcionada ni en respuesta a su pedido de informes ni, según sostuvo, en la documentación obtenida por el medio mediante una solicitud de acceso a la información pública.
También denunció que dos de los funcionarios ingresados mediante este mecanismo fueron posteriormente destinados en pase en comisión a la oficina del diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverria. "Es preocupante y la verdad nos indigna", expresó.
RECORDÓ LOS INGRESOS REALIZADOS MEDIANTE EL ANTIGUO ARTÍCULO 30
El representante frenteamplista comparó la situación actual con el régimen de designaciones que anteriormente existía en Maldonado, conocido como artículo 30.
Según Cicero, aquel mecanismo permitía al intendente realizar incorporaciones directas sin las exigencias de fundamentación que establece la normativa actual.
También cuestionó que funcionarios ingresados bajo ese régimen durante la administración anterior terminaran siendo presupuestados y permanecieran en la plantilla municipal. "Pensábamos que no íbamos a tener que discutir más sobre esto, pero la verdad es que parece que nada hubiera cambiado", manifestó.
RECLAMARÁN RESPUESTA Y NO DESCARTAN NUEVAS ACCIONES
Consultado sobre los próximos pasos, Cicero adelantó que insistirá en obtener una respuesta formal al pedido de informes presentado ante la Intendencia. En caso de que no se proporcione la documentación durante las próximas semanas, señaló que recurrirá al mecanismo de acceso a la información pública.
También anunció que el tema será analizado en una reunión de la bancada del Frente Amplio para definir eventuales acciones. Entre las posibilidades mencionó mantener un encuentro con representantes de ADEOM, con el objetivo de conocer la posición del sindicato de funcionarios municipales sobre las contrataciones.
Finalmente, recordó que existe el compromiso de una futura modificación presupuestal para el próximo año, en la que se abordarían aspectos relacionados con los recursos humanos de la Intendencia.
En ese contexto, planteó que también debería analizarse la situación de los ingresos de personal a través de la Fundación A Ganar, otro mecanismo sobre el cual considera necesario aportar mayor transparencia.
Cicero insistió en que el Frente Amplio no cuestiona la legalidad de las designaciones directas previstas por la legislación nacional, sino la falta de información sobre los fundamentos de las contrataciones y los criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios.
La controversia por los ingresos a la Intendencia de Maldonado continúa generando repercusiones políticas, luego de que el edil nacionalista Adolfo Varela defendiera la aplicación de la ley y recordara que el mismo mecanismo también es utilizado por intendencias gobernadas por el Frente Amplio.
