“Si analizamos por arriba los precios que pagamos por los alimentos que consumimos, pensamos que a los agricultores les va muy bien, pero la realidad indica otra cosa, los productores, principalmente los pequeños y medianos, sufren una fuerte presión tributaria y fiscalizadora por parte de este gobierno, el cual no tiene en cuenta ni le importa los elevados costos que tienen los productores en insumos necesarios para poder producir”, opinó Tejera en la pasada sesión legislativa.
Agregó que los productores del país están pasando momentos “muy difíciles desde todo punto de vista: impuestos, elevados costos de insumos, condiciones climáticas adversas, aumento constante de combustibles, sueldos, contribuciones, etcétera”.
“Lo peor de todo, es que nada le garantiza que va a tener una buena cosecha, en algunos casos hasta llegan a perder todo el dinero invertido, cobrando muchas veces un seguro, si corresponde, que solo cubre parte de la inversión; dinero que en muchos casos es obtenido vía créditos que deberán pagarse sea cual sea el resultado de la explotación determinada”, lamentó.
Luego destinó su análisis a la forma en que se determinan los precios de los alimentos para el consumidor y “quiénes son los que realmente se llevan el dinero que pagamos por ellos”.
“Cuando estudiamos lo que pagan los intermediarios por los distintos alimentos producidos, vemos que gran parte de ese precio abonado, se va en el costo de producción y cuando vemos el precio final que pagamos los consumidores, nos damos cuenta quien se lleva la mayor parte del negocio sin ningún riesgo”, comentó.
“No estamos en contra de los intermediarios, ni de los vendedores de insumos, pero son los que menos tienen posibilidades de perder, ya que tienen asegurada su clientela cualquiera sea la circunstancia. En muchos casos los intermediarios son los que manejan el mercado e imponen los precios, no importa si el consumidor no puede adquirir la mercadería y tienen que tirar el excedente, como ha sucedido”, añadió.
Luego admitió que “nadie está obligado a mantenernos y darnos de comer” pero sí es necesario que la población pague un precio “viable”, de acuerdo a su economía.
“Ahí sí, es donde tiene que estar el gobierno y sus autoridades, subsidiando la parte que el productor no puede solventar, en lugar de mantener e incentivar a determinado sector de la sociedad para que no concurran a trabajar o a recibir cosas sin tener que entregar nada a cambio para la sociedad, que es en definitiva quien sustenta lo que acabamos de señalar. Que quede claro políticas sociales pero, con contraprestaciones”, advirtió.
“Ojalá para aquellos que hacen un gran esfuerzo en cuanto al mantenimiento de la pequeñas y medianas empresas que generan trabajo en nuestro departamento de Maldonado, algún día podamos decir que el Estado dejó de ser socio y patrón de las mismas, en relación a la enorme carga tributaria e impositiva que se les aplican”, concluyó.
Agregó que los productores del país están pasando momentos “muy difíciles desde todo punto de vista: impuestos, elevados costos de insumos, condiciones climáticas adversas, aumento constante de combustibles, sueldos, contribuciones, etcétera”.
“Lo peor de todo, es que nada le garantiza que va a tener una buena cosecha, en algunos casos hasta llegan a perder todo el dinero invertido, cobrando muchas veces un seguro, si corresponde, que solo cubre parte de la inversión; dinero que en muchos casos es obtenido vía créditos que deberán pagarse sea cual sea el resultado de la explotación determinada”, lamentó.
Luego destinó su análisis a la forma en que se determinan los precios de los alimentos para el consumidor y “quiénes son los que realmente se llevan el dinero que pagamos por ellos”.
“Cuando estudiamos lo que pagan los intermediarios por los distintos alimentos producidos, vemos que gran parte de ese precio abonado, se va en el costo de producción y cuando vemos el precio final que pagamos los consumidores, nos damos cuenta quien se lleva la mayor parte del negocio sin ningún riesgo”, comentó.
“No estamos en contra de los intermediarios, ni de los vendedores de insumos, pero son los que menos tienen posibilidades de perder, ya que tienen asegurada su clientela cualquiera sea la circunstancia. En muchos casos los intermediarios son los que manejan el mercado e imponen los precios, no importa si el consumidor no puede adquirir la mercadería y tienen que tirar el excedente, como ha sucedido”, añadió.
Luego admitió que “nadie está obligado a mantenernos y darnos de comer” pero sí es necesario que la población pague un precio “viable”, de acuerdo a su economía.
“Ahí sí, es donde tiene que estar el gobierno y sus autoridades, subsidiando la parte que el productor no puede solventar, en lugar de mantener e incentivar a determinado sector de la sociedad para que no concurran a trabajar o a recibir cosas sin tener que entregar nada a cambio para la sociedad, que es en definitiva quien sustenta lo que acabamos de señalar. Que quede claro políticas sociales pero, con contraprestaciones”, advirtió.
“Ojalá para aquellos que hacen un gran esfuerzo en cuanto al mantenimiento de la pequeñas y medianas empresas que generan trabajo en nuestro departamento de Maldonado, algún día podamos decir que el Estado dejó de ser socio y patrón de las mismas, en relación a la enorme carga tributaria e impositiva que se les aplican”, concluyó.
