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El 19 de noviembre del año pasado, se confirmó la detención en Río de Janeiro, por parte de INTERPOL-Brasilia, del médico forense fernandino, Héctor Volonté Pelúa de 50 años, requerido por la justicia penal de Maldonado desde el año 2005, como el principal sospechoso del homicidio de su compañera, la enfermera, María Mercedes Rodríguez de 26 años.

Desde entonces, por disposición del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, el médico estaba sometido a arresto administrativo, hasta que en las últimas horas se conoció la noticia de que el STF de Brasil concedió su extradición a nuestro país, para comparecer en el juzgado penal de 4º turno, actualmente a cargo del doctor Gabriel Ohanián.

Su detención fue solicitada el año 2005 por la entonces fiscal María Gabriela Fossatti, quien en base a todos los peritajes realizados en la casa del balneario Buenos Aires, donde fue encontrado el cadáver de la mujer, estableció que el homicida no podía ser otro que el propio Volonté, descartando de plano la hipótesis del suicidio.

NINGÚN ENIGMA
La violenta muerte de María Mercedes Rodríguez, enfermera de profesión y compañera de Héctor Volonté, ocurrió el viernes 14 de marzo del año 2003 en el balneario Buenos Aires en la casa que ambos compartían.

Volonté se ausentó del país a principios de 2004, poco después de que se conociera el resultado del trabajo efectuado por una junta médica de forenses, donde se estableció que su pareja no se había suicidado -como se pensó en primera instancia-, sino que había sido golpeada violentamente en el cráneo y aún con vida, recibido una inyección letal en la ingle (5 cm. de pentotal), acto que solo podía haber sido realizado por alguien con mucho conocimiento en esa materia.

En 2005, la fiscal María Gabriela Fossatti pidió el procesamiento por homicidio del médico Héctor Volonté, quien se sabía a esa altura, estaba residiendo en la sureña localidad chilena de Puerto Montt, donde cumplía funciones como contratado del Instituto Médico Legal local.

Según la fiscal, estaban dadas todas las condiciones para que se tramitara su extradición con las autoridades chilenas, ante una nueva interpretación del tratado existente entre ambos países desde 1907.

El pedido de procesamiento, ocurrió luego que la jueza penal de 4º turno de aquellos años, doctora Graciela Eustachio y la fiscal Fossatti, participaran de una recreación de la muerte de la enfermera, de la que también tomaron parte los forenses Guido Berro y Carlos Harioste Maggi.

La recreación no dejó duda alguna, respecto a que la mujer nunca se pudo haber aplicado a sí misma una inyección de pentotal en la ingle que le provocó el paro cardio respiratorio y, además, el golpe que presentaba en su parietal izquierdo que antes de la muerte la había desvanecido.

El médico procuró por todos los medios impedir su extradición: durante el proceso alegó ser víctima de una persecución de sus "adversarios políticos" en Uruguay y denunció un intento de asesinato en su contra y amenazas; cuestionó el proceso judicial uruguayo por cuanto no se interrogó a todos los presuntos sospechosos, y afirmó que la requisitoria de la fiscalía padecía "innumerables irregularidades", además de criticar el peritaje forense aduciendo que el mismo no precisa la hora de la muerte de su esposa.

DIJO QUE VOLVERÍA
El caso tomó tal notoriedad que apenas se conoció el pedido de captura internacional de Héctor Volonté, el asunto cruzó la cordillera y llegó hasta la sureña ciudad de Puerto Montt, donde el profesional había logrado un cargo en los Servicios Médicos Legales de la 10ª Región desde el 13 de junio del año 2004.

Volonté fue separado del cargo que ocupaba mientras se comprometía a viajar a Uruguay a responder por los cargos imputados, cosa que nunca hizo.

El diputado chileno Carlos Kuscher tomó intervención inmediata en el tema y solicitó al Ministerio de Justicia, que Volonté fuera separado del cargo que estaba ocupando. El legislador era representante de la región de Puerto Montt y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Chile.

El parlamento trasandino no sólo pidió el despido de Volonté, sino que recordó que entre Chile y Uruguay no existían acuerdos legales de revalidación de títulos universitarios de esa especialidad médica, por lo cual y frente a la situación que enfrentaba el médico ante la justicia fernandina, cualquier acto que pudiera efectuar en el ejercicio de su función, podría en el futuro ser objeto de impugnaciones.

Sin embargo desde los Servicios Médicos Legales chilenos, se habría dicho que Volonté no ejercía como médico sino que estaba en calidad de perito forense.

Lo concreto, es que Volonté se tomó su tiempo y prometió, tras tomarse unas vacaciones, retornar a nuestro país, cosa que no hizo hasta que el 19 de noviembre del año pasado fue detenido por Interpol en la ciudad de Río de Janeiro.

Tras la muerte de la enfermera, en Maldonado hubo innumerables movilizaciones encabezadas por compañeras de trabajo, reclamando justicia y acusando al médico de haberla matado.

Incluso algunas de las amistades de María Mercedes Rodríguez, fueron quienes pudieron detectar que el médico se había radicado en Chile. La joven enfermera, trabajaba desde hacía 5 años (1998) en el block quirúrgico del hospital de Maldonado, donde era muy querida por todos.

Era oriunda de Cerro Colorado, en los límites de Florida y Durazno y no tenía familiares directos acá en Maldonado, a excepción de una tía.

Por otra parte, cabe recordar que Volonté tiene retenidos U$S 125.000 por un juicio que le ganara al Estado luego de haber sido destituido de su función como médico forense en el hospital de Maldonado.

Redactado: R.A.