Fiscalía desbarató una estafa realizada por una psicóloga brasilera, su hijo y nuera, recuperando casi 1.800.000 dólares que habían sido "lavados" en complejo entramado

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una representante del Banco Central del Uruguay (BCU), que dio cuenta de presuntas maniobras ilícitas que podrían configurar el delito de lavado de activos y sus delitos precedentes. A partir de esa denuncia, la Fiscalía desarrolló una profusa investigación que permitió identificar un complejo entramado financiero que, en pocos años, movilizó cerca de 1.800.000 dólares, pasó por múltiples transferencias y se dispersó entre sociedades sin actividad real, testaferros y operaciones bursátiles destinadas a otorgar apariencia de legitimidad a fondos cuyo origen continúa bajo investigación.

Todo comenzó cuando la víctima recibió por herencia un importante patrimonio, avaluado en varios millones de dólares. Su psicóloga, al tomar conocimiento del fallecimiento de su esposo, le ofreció los servicios de su hijo, hoy imputado, para “cuidar” de sus intereses. Según la investigación, fue en ese momento cuando se comenzó a pergeñar y ejecutar una ingeniería criminal orientada a aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

En ese marco, se le aconsejó trasladar el dinero fuera de Brasil para “ponerlo a resguardo”. La víctima trasladó entonces a Uruguay aproximadamente USD 1.800.000 provenientes de cuentas personales en el exterior, quedando el dinero inicialmente depositado en una cuenta bancaria a su nombre.

Poco después, y bajo el asesoramiento de quienes luego serían investigados, constituyó una sociedad en Uruguay y transfirió a ella USD 1.800.000, monto que más tarde fue derivado a un segundo banco local. Esa cifra sería el punto de partida de una cadena de desvíos financieros que vació la cuenta casi por completo en menos de un año.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la administradora de la sociedad, una de las principales investigadas, transfirió USD 1.789.985 desde la cuenta corporativa hacia su propia cuenta personal, mediante tres movimientos consecutivos fechados el 09/12/2019, 02/01/2020 y 03/01/2020. A estos retiros se sumó otra transferencia de USD 10.000 en noviembre de 2021, dejando la cuenta societaria con un saldo residual de apenas USD 1.606,35.

Durante 2019, la investigada también recibió directamente desde cuentas de la víctima dos transferencias adicionales, por USD 90.000 y USD 30.000. Con los USD 1.789.985 apropiados, adquirió valores bursátiles por USD 1.600.048, depositados en su cuenta bancaria.

Parte de esos valores, equivalentes a USD 863.548, fueron luego transferidos a la cuenta de custodia de su pareja, también investigada. Otros montos continuaron circulando entre familiares entre marzo de 2020 y enero de 2022, configurando un movimiento constante de fondos cuyo objetivo, según la investigación, era dificultar su trazabilidad.

Paralelamente, la Fiscalía detectó múltiples transferencias hacia dos ciudadanos extranjeros que figuraban como titulares o representantes de diversas sociedades tipo S.A.S. creadas en Uruguay. Ambos declararon no tener participación efectiva en la gestión de las empresas, lo que reforzó la hipótesis de que actuaban como testaferros. Los registros de la DGI mostraron que ninguna de estas sociedades declaró actividad económica durante los períodos analizados.

Las declaraciones de los escribanos que participaron en su constitución también coincidieron en que los supuestos titulares fueron designados por los propios investigados, quienes habrían pagado para que dichas personas figuraran formalmente, ocultando así la verdadera titularidad del esquema.

Además, en octubre de 2024, la Justicia ordenó la detención nacional de dos de los principales investigados. Sin embargo, estos no comparecieron dentro del plazo legal de seis meses, pese a contar con defensas designadas. Esa ausencia habilitó la aplicación del decomiso de pleno derecho, disponiéndose todos los activos (dinero) y valores existentes a la Junta Nacional de Drogas.