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Garcé expuso en la sede de una agrupación política, en la que también estuvo el senador del Partido Nacional Sergio Abreu, pero se cuidó de realizar una alocución exclusivamente técnica.

Comparó la situación en la que estuvo a punto de caer el Estado uruguayo con las cárceles, con lo ocurrido en Guatemala, cuando la cárcel de Pavón estuvo completamente en manos de los delincuentes. Pavón era refugio para los principales delincuentes del crimen organizado, había dentro de ella un laboratorio de drogas, se filmaban películas pornográficas con mujeres y niños que iban a las visitas.

“En Uruguay nunca llegamos a caer tan bajo, pero en determinado momento estuvimos casi a un escalón porque el Estado tenía una presencia muy débil”, dijo Garcé.

ALGO MUY RECIENTE

Garcé omitió específicamente dar fecha de ese estado de debilidad del control de las cárceles, pero fue gráfico para ubicarlo. “Piensen en el día del incendio en la cárcel de Rocha (julio de 2010) había 143 personas en la cárcel y tres funcionarios”, convocó.

“Esa misma noche en el Comcar, en cada módulo había 500 personas y dos funcionarios; es decir, si lo de Rocha no era nada bueno, al mismo tiempo había otras cárceles que estaban con un menor control”, expuso.

Y de inmediato reforzó: “Digo que cuando el Estado pierde el control de los establecimientos se generan ese tipo de situaciones que terminan reforzando a la criminalidad”.

CIFRAS DE LA REALIDAD

El comisionado fue enfático en señalar que la única forma de retraer la situación del delito y las cárceles en Uruguay, es adoptar políticas de Estado que obliguen a sucesivos gobiernos a mantener determinados estándares y niveles, no importa el color político de quienes estén ejerciendo la administración pública.

“Dentro de esa política púbica de seguridad que estamos planteando, reclamando, uno de sus capítulos indispensables sin duda es la privación de la libertad, para los mayores, y para los menores también”, resumió.

Antes de estos puntos novedosos de su exposición, Garcé repasó la situación del delito en Uruguay. Desde la salida de la dictadura, en 1985, y hasta 2010, la cantidad de rapiñas (robos con empleo de la violencia) aumentaron 775%; los hurtos se duplicaron; los delitos sexuales aumentaron 75%; y los homicidios crecieron 50%. Aclaró que este fue un trabajo realizado por la Universidad de la República.

Advirtió que en la población carcelaria aumentó muchísimo la presencia de mujeres, y también la cantidad de procesados por delitos vinculados a las drogas.

LA POBLACIÓN CARCELARIA

Garcé volvió a tirar datos estadísticos a partir del censo de 1963, hace 50 años, cuando la población carcelaria era de 1.500 personas.

“En este momento tenemos 11 mil personas privadas de libertad en Uruguay, casi 10 mil en cárceles, unos 600 más o menos en el sistema penal juvenil, y casi 400 pacientes en colonias psiquiátricas a disposición de la Justicia; son privados de libertad”, expuso.
Invitó: “Saquemos esta cuenta, 11 mil sobre una población de 3.300.000 habitantes da más o menos una tasa de encarcelamiento de 300 personas cada 100 mil habitantes; es muchísimo, es muchísimo; es el doble de lo que tiene Argentina”, dijo.

“La pregunta es: ¿Estamos recorriendo el camino adecuado si cada vez encarcelamos más y más, y tenemos una reincidencia que se mantiene arriba del 60%? El ministerio del Interior ha últimamente publicado algunas cifras según las cuales estaríamos en un poco menos del 60%, pero, punto más, punto menos. Lo cierto es que de cada 10 personas que van a las cárceles, entre cinco y seis son candidatos a volver. Ese es un problema que nos tiene que llamar a la reflexión”, desafió.

POLITICA DE ESTADO

Garcé reflexionó que “teniendo un escenario que es de un cierto aumento de la criminalidad y un aumento notorio de las personas privadas de libertad, es evidente que para tener una buena respuesta es indispensable tener una política de Estado, una política pública”.

“Que más allá de cuales sean los gobernantes, quiénes sean oposición, cuáles sean los partidos de gobierno, nuestro país tiene que definir algunas líneas, grandes líneas de acuerdo para trabajar en materia de seguridad, como por ejemplo, la profesionalización de la policía, y la inversión en el sistema carcelario, en el sistema penal”, afirmó.

Agregó que hablaba “de dos cosas, una como docente de la Escuela Nacional de Policía, y la otra como persona que recorre las cárceles habitualmente; para tener un buen desempeño en materia de seguridad es necesario tener una policía eficiente, bien equipada”.

“Profesionalizar es mucho más que aumentar el sueldo; digamos que para tener condiciones mínimas para exigirle a los policías la productividad adecuada, primero tenemos que pensar en remuneraciones que sean dignas y acordes a la responsabilidad que tienen”, aproximó.

Sostuvo que “en ese sentido nuestro país ha recorrido un camino, sobre todo, en los últimos cinco años por la ley de presupuesto donde se ha mejorado la remuneración policial; seguramente falte, falte bastante, pero al menos se han superado situaciones que eran realmente indecorosas desde el punto de vista del salario”.

Garcé fue precedido por el senador Sergio Abreu, quien contextualizó el problema de la inseguridad en un avance cultural que ha hecho el delito en toda la región, y afirmó que Uruguay no está muy lejos de los peores escenarios de la región donde maras, agrupaciones juveniles dedicadas a la violencia y el delito, dominan sectores de las poblaciones.

Abreu coincidió en la necesidad de tener políticas públicas para enfrentar estas situaciones.