Tenía el encargo de proyectar una reforma constitucional que reafirmara los principios republicanos-democráticos.
Restringió la libertad de pensamiento y facultó a las fuerzas armadas y policiales a asegurar la prestación de los servicios públicos.
La decisión presidencial se produjo luego de varios años de violencia previa entre la que emergió la lucha armada como camino de transformación impulsada por algunas organizaciones políticas, en una efervescencia revolucionaria que se instaló en toda América Latina.