Durante la audiencia por su extradición, el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela negó su responsabilidad en los hechos y explicó su regreso a Perú.
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, se presentó este viernes ante el Juzgado de Chilca, en Lima, en el marco del proceso de extradición solicitado por la justicia argentina. Es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela.
Durante la audiencia, su abogado defensor, Marcos Sandoval, rechazó la extradición a la Argentina y sostuvo que su cliente no tiene vínculos con los hechos que se le imputan. Afirmó que no hay pruebas suficientes en su contra y aseguró que Valverde llevaba una vida laboral vinculada a la economía informal.
“El joven trabajaba cosechando arándanos, vendiendo medias en la vía pública y también se desempeñó como obrero de la construcción”, indicó el letrado. Además, argumentó que el regreso de Valverde a Perú no fue una fuga, sino una decisión tomada ante su situación de vulnerabilidad en Argentina. “No tenía familia ni recursos allá, y temía quedar detenido sin asistencia legal”, señaló.
El abogado pidió que se le otorgue libertad condicional mientras se resuelve su situación judicial. Solicitó que se considere su edad —tiene 20 años— y su contexto familiar en Trujillo. “Puede contribuir con su entorno y reinsertarse laboralmente”, dijo frente al juez Christian Chumpitaz y al fiscal Fernando Escobar.
Actualmente, Valverde permanece detenido en Perú, tras una captura realizada por la policía local por pedido de Interpol. La acusación formal en Argentina lo vincula con un caso de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, delitos que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.
Por otro lado, Matías Agustín Ozorio, presunto colaborador de Valverde, fue expulsado de Perú y trasladado a Buenos Aires. Allí se negó a declarar en su primera indagatoria ante el fiscal Carlos Arribas. La investigación en Argentina continúa bajo secreto de sumario.