El edil frenteamplista Juan Ramos reclamó acciones del Poder Ejecutivo o de los legisladores para evitar el desalojo de familias de Maldonado Nuevo, deudoras del ex Banco Hipotecario del Uruguay. La semana pasada estos vecinos pidieron ayuda al legislativo departamental.
Ramos recordó que son situaciones que se arrastran desde hace 40 años, cuando estas familias firmaron contratos para la compra de viviendas al Banco Hipotecario del Uruguay, hoy reemplazado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
El organismo estatal comenzó con las acciones judiciales para lanzar a quienes están en deuda, pero éstos alegan que no pueden pagar debido al alto costo de las cuotas ajustadas en Unidades Reajustables.
Ramos explicó que, por la conversión en dólares, las viviendas ya fueron pagadas en "dos y tres veces" su valor. "A las personas que tienen atrasos, especialmente a las del 2002 en adelante, para poder refinanciar la deuda original que ya se pagó dos o tres veces en dólares, tienen que volver a pagar una cantidad mayor", advirtió el edil.
En su opinión, hay una "dicotomía entre la disposicion legal y la disposicion contractual" que se aparta del "criterio de justicia, sobre todo porque las viviendas están desfasadas en cuanto a su valor comercial, teniendo en cuenta lo que ya se ha pagado y lo que se pretende cobrar".
Si bien "aparentemente" no hay solución y las ejecuciones judiciales continuarán, Ramos dijo que esto podría frenarse si existe un decreto del Poder Ejecutivo o una iniciativa del Parlamento que ampare a las familias en esta situación.