Los trabajos para adecuar el servicio de energía eléctrica en los barrios Nueva Esperanza y Eucaliptus, ubicados en las afueras de la ciudad de Maldonado, comenzaron en febrero de este año con reuniones entre representantes de UTE y los vecinos.
Las obras para la alimentación eléctrica se iniciaron en mayo y la conexión formal de los hogares al suministro se concretó entre julio y octubre. En total, se realizaron 830 conexiones, 158 en el barrio Nueva Esperanza y 672 en Eucaliptus. La inversión total ascendió a casi 890.000 dólares.
En declaraciones a la prensa durante la inauguración oficial del servicio, este miércoles 21, Cosse dijo que las regularizaciones benefician a todos los uruguayos por el riesgo de vida que suponen las conexiones ilegales, pero además “porque no hay una distribución igualitaria de las responsabilidades”.
En ese sentido, la ministra de Industria desmintió que no se cobre el costo de la energía a los nuevos usuarios. Explicó que durante los dos primeros meses del servicio la empresa cobra únicamente el cargo fijo y durante los siguientes siete meses, la tarifa básica. Al mismo tiempo, se realiza un acompañamiento para que el hogar no exceda los 230 kilowatts de consumo mensual. Luego de los nueve meses, la tarifa queda liberada, precisó.
“Esto lo quiero aclarar porque se confunde una cosa con otra, como que esto se regala, no es así. Son derechos que también implican obligaciones y toda la sociedad tiene que acompañar a estos hogares y felicitar que se están integrando a la regularización para tener más chance de poder ir bajando la tarifa general”, añadió.
El director de UTE, Walter Sosa, informó que desde 2013, unos 15.000 hogares fueron regularizados y la meta es llegar a los 60.000 en 2024.
En 2017, se realizaron 5.500 conexiones, 7.000 en 2018 y a partir de 2019 serán unas 8.000 anuales, sostuvo. El jerarca agregó que el 80 % de los hogares regularizados se mantiene pagando el servicio.
La inclusión social es uno de los ejes estratégicos de la empresa pública que, además de garantizar el derecho a la energía eléctrica de todos los ciudadanos, tiene como objetivo “construir una cultura de derechos y deberes a través de del pago de la energía”, señaló.
Las obras para la alimentación eléctrica se iniciaron en mayo y la conexión formal de los hogares al suministro se concretó entre julio y octubre. En total, se realizaron 830 conexiones, 158 en el barrio Nueva Esperanza y 672 en Eucaliptus. La inversión total ascendió a casi 890.000 dólares.
En declaraciones a la prensa durante la inauguración oficial del servicio, este miércoles 21, Cosse dijo que las regularizaciones benefician a todos los uruguayos por el riesgo de vida que suponen las conexiones ilegales, pero además “porque no hay una distribución igualitaria de las responsabilidades”.
En ese sentido, la ministra de Industria desmintió que no se cobre el costo de la energía a los nuevos usuarios. Explicó que durante los dos primeros meses del servicio la empresa cobra únicamente el cargo fijo y durante los siguientes siete meses, la tarifa básica. Al mismo tiempo, se realiza un acompañamiento para que el hogar no exceda los 230 kilowatts de consumo mensual. Luego de los nueve meses, la tarifa queda liberada, precisó.
“Esto lo quiero aclarar porque se confunde una cosa con otra, como que esto se regala, no es así. Son derechos que también implican obligaciones y toda la sociedad tiene que acompañar a estos hogares y felicitar que se están integrando a la regularización para tener más chance de poder ir bajando la tarifa general”, añadió.
El director de UTE, Walter Sosa, informó que desde 2013, unos 15.000 hogares fueron regularizados y la meta es llegar a los 60.000 en 2024.
En 2017, se realizaron 5.500 conexiones, 7.000 en 2018 y a partir de 2019 serán unas 8.000 anuales, sostuvo. El jerarca agregó que el 80 % de los hogares regularizados se mantiene pagando el servicio.
La inclusión social es uno de los ejes estratégicos de la empresa pública que, además de garantizar el derecho a la energía eléctrica de todos los ciudadanos, tiene como objetivo “construir una cultura de derechos y deberes a través de del pago de la energía”, señaló.
