UTE responde a vecinos: usina transformadora en José Ignacio es una necesidad por aumento de la demanda
Interés General 14:00

UTE responde a vecinos: usina transformadora en José Ignacio es una necesidad por aumento de la demanda

La construcción de una usina trasformadora de UTE y una línea de alta tensión en la zona de la Laguna de José Ignacio ha motivado diferentes acciones y recursos de los vecinos, como ha venido informando FM GENTE. Daniel Castagna, gerente de Transmisión de la empresa estatal, explicó que la obra responde a un incremento de la demanda de energía eléctrica.

El jerarca dijo en FM GENTE que, de acuerdo a los estudios realizados, “no iba a ser posible atender más requerimiento de energía eléctrica en esa zona, a partir de 2022”.

“Eso obliga a la UTE a contar con una tercera estación de transformación en la zona de José Ignacio”, que se sume a las de Maldonado y a la de Punta del Este, que se renovó hace poco. “Atenderá a La Barra hasta pasada la Laguna Garzón. Es por eso que se viene trabajando desde 2010 en este proyecto”, agregó.

Indicó que, además de atender la creciente demanda, permitirá mejora la situación en cuanto a los cortes de energía en la zona.

“MEJORAR EL SERVICIO”

“Hoy en día, esa zona se atiende con líneas muy largas de meda tensión, desde Punta del Este y Maldonado. Con una estación, además de atender la demanda de futuro, permitirá mejorar el servicio en cuanto a los cortes”, señaló.

Castagna destacó que “esa es la razón por la cual es necesario construir esa estación. Y no sólo está la necesidad de construirla, sino la de hacerlo prontamente”.

También dijo que hubo consultas con los vecinos “y se hizo un primer proyecto en 2010. La usina iba a estar en un predio de Ancap, en la Boya Petrolera, sobre la ruta 10, muy cercano a la rambla, Y se vio que la zona cercana a la playa es la de mayor urbanización, Y se analizó si era posible trasladarla más al interior del territorio y se determinó que podía correrse unos cuatro kilómetros” y surgió que había la posibilidad de contar con un terreno en la zona. “Se acordó en aquel momento hacer este traslado”, añadió.

“Eso implicó que antes estaban afectados 30 padrones por la línea de alta tensión y se redujo a 12. No se cambió la línea, sino que hay ocho que quedaron sin ser afectados”, expresó.

También indicó que la línea ya existe, a 11 kilómetros de la costa, y que lo que se hace es una nueva, de 7,5 kilómetros, para permitir la conexión con la nueva estación.

Informó que la inversión se ubica entre 11 y 12 millones de dólares.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Claudia Cabal, gerente de Medio Ambiente de UTE, dijo que en este y otros proyectos, se conforman equipos “con expertos ambientales”.

Destacó que el resultado final del proyecto “muestra el resultado de esa interacción. Alejarnos de la costa, nos hace preservar la zona desde el punto de vista visual, turístico y paisajístico”.

Además, resaltó que al tener la línea “un recorrido más corto, hay menor interacción con el ambiente. Y son menos cantidad de predios que se ven atravesados por esta línea”.

Dijo que el objetivo es satisfacer las necesidades de servicios “con el mejor estándar de calidad posible” y “con el menor impacto ambiental posible. Este proyecto fue evaluado ambientalmente y presentado a consideración de la Intendencia y la Dirección Nacional de medio Ambiente en 2018” y se logró “la autorización ambiental previa, que permita dar inicio a la fase constructiva”.

Además, sostuvo que se va a hacer “una estación compacta”, como la que se ha instalado al lado de Enjoy Punta del Este. “Es de las que se colocan en áreas urbanas. Es mucho más cara, pero ocupa menos superficie y tiene menor impacto visual”, remarcó.

“SE ATENDIERON RECLAMOS DE VECINOS”

La Dra. Ethel Ramón, integrante del Departamento Jurídico de UTE, señaló que el detalle de la obra fue publicado en el Diario Oficial y en medios de la zona. Asimismo, se notificó a todos los propietarios que pidieron ser localizados, aunque hay algunos que no residen en el lugar en forma permanente.

“De todas formas se atendieron todos los recursos y reclamos presentados”, pese a que podría haber invocado que ya lo había notificado y se había cumplido con el requisito legal, precisó.

“Por eso se suspendió el trabajo y se atendió la totalidad de los reclamos. UTE no está cerrada a evaluar todas las alternativas y posibilidades”, lo que podría determinar “revisar las condiciones”, apuntó.

Sostuvo que, para el pasaje de la línea, se aplica “el régimen de servidumbre”, como es habitual, previsto por la ley. “Hay cientos de uruguayos, incluso de Maldonado, se han visto afectados por servidumbre. Si no esa zona ya no tendría energía. Es un gravamen que se puede aplicar a cualquier persona en cualquier parte de territorio nacional”, añadió. No obstante, dijo que si un propietario es afectado, los daños y perjuicios deben ser compensados, para que pueda ser concretado el servicio para toda la sociedad.

La abogada reconoció que el predio fue donado a UTE por un particular, en el marco de un acuerdo con los vecinos, atendiendo al beneficio de la zona.

“Esta donación, lejos de ser perjudicial para la zona y de considerarse un beneficio para el donante, fue un beneficio general”, aseveró.

POSTURA DE LOS VECINOS

Vecinos de la zona de Ruta 104, Camino Medellín y alrededores de la laguna José Ignacio, en el departamento de Maldonado, se han venido movilizando tras enterarse “de forma sorpresiva” de la construcción de un tendido de alta tensión y una nueva usina transformadora de UTE en ese territorio. Se trata de residentes uruguayos y de varias nacionalidades que presentaron distintos recursos administrativos, enviaron una carta a la Presidencia de la República y no descartan hacer una demanda multimillonaria contra el Estado uruguayo.

En uno de los recursos administrativos que presentaron en UTE, se señala que solamente la estación transformadora prevista tiene un valor cercano a los US$ 10 millones.

Los vecinos entienden que de llevarse a cabo esta obra, que fue planificada por el gobierno anterior, habría “una importante pérdida de valores ambientales y paisajísticos” y “se hipotecaría un área de gran valor turístico y de mayor futuro por tratarse de una zona rural, en suelo potencialmente transformable muy cerca del mar, privando a la comunidad del desarrollo socioeconómico y de los ingresos que trae aparejada la industria turística, desarrollada de forma sustentable”.

En una carta que le enviaron al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, agregan que “el tendido de más de 7,5 kilómetros y 24 torres afectaría el horizonte de un tramo de la Ruta 104, donde un grupo de organizaciones culturales allí emplazadas, en las inmediaciones de la Fundación Pablo Atchugarry, buscan nombrarla ‘La ruta del arte’”. Los vecinos movilizados son una treintena, y entre ellos hay franceses, españoles, norteamericanos y argentinos.

“La futura usina de 150 Kw, parece desproporcionada para la densidad actual y futura de lugar. Tiene un emplazamiento próximo a la laguna José Ignacio, en un terreno donado por un particular dentro de un área de alto valor ambiental y refugio de numerosas especies amenazadas. Está dentro del 20% del territorio nacional con prioridad de conservación. Parece curioso que haya sido calificada como Categoría A por Dinama, lo cual no establece un estudio de impacto ambiental previo”, agrega la misiva.

ALEGAN QUE NO FUERON NOTIFICADOS

Leonardo Nogués, uno de los vecinos de la zona, dijo a El País que los residentes no fueron notificados del proyecto por UTE, lo cual “debe hacerlo por reglamento interno y por tratarse de los afectados”. Indicó además que les negaron un pedido de acceso a la información pública y que a través del abogado que los representa, Gonzalo Ramírez, el ente “ha sido poco transparente al momento de acceder a todo el expediente”.

“Misteriosamente, UTE no termina de permitirnos acceder a toda la documentación. En lo que pudimos acceder, hemos encontrado irregularidades; existió una negociación encubierta con un propietario cambiando el proyecto ajustándolo a sus intereses y asumiendo el ente un sobrecosto de al menos US$ 2,5 millones”, agregó el vecino.

En la carta que le enviaron al secretario de la Presidencia, los vecinos señalan que tampoco se ha solicitado “autorización alguna a la Intendencia de Maldonado, quien tiene competencias para oponerse al trazado según la ley de Ordenamiento Territorial N° 13.308”.

Los vecinos también iniciaron una petición en el sitio Change.org, que lleva más de 4.000 adhesiones.



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