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El curul del MPP informó que se presentó “ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 6° Turno de Maldonado para radicar una demanda de acceso a la información pública contra la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), por la negativa de ésta a otorgar el contrato suscrito con la empresa israelí ‘Elbit System Ltda. (ELESEC), por el que se adquirieron las cámaras de video vigilancia, mediante una compra directa por la que la IDM pagó U$S 18.500.000”.

“Luego de haber realizado un pedido de informes el 30 de Setiembre de 2016, y de que la IDM haya contestado que 'debe mantenerse en secreto toda la operación por razones de seguridad pública, ya que está involucrado el Derecho a la vida humana’, presenté el 9 de Junio de este año una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 18.381. La Dra. Graziuso, Directora General de Asuntos Legales de la IDM, contesto a ésta en los mismos términos que al pedido de informes”, señaló.

El edil agregó que “frente a esta negativa de la Intendencia a otorgar la información solicitada es que en el día de hoy presentamos la acción judicial correspondiente, con el patrocinio del Dr. Horacio Bolani, para que se nos permite desarrollar correctamente la competencia de control del Gobierno Departamental que nos confiere la Constitución de la República”.

UN PROCESO “MUY LARGO”

Garlo dijo este martes a FM Gente que “este es un proceso muy largo, que venimos llevando adelante, desde el año pasado, desde la discusión del Presupuesto quinquenal, cuando vimos que estaba prevista la compra del sistema de videovigilancia y que ese iba a ser uno de los motivos de la suba de la Contribución Inmobiliaria en el departamento de Maldonado”.

Indicó que se empezó a buscar información sobre el tema para poder controlar la actividad administrativa de la IDM. Recordó que el 30 de setiembre del año pasado se elevó un pedido de informes y se respondió que “toda la operación, incluido el contrato, está declarado ‘secreto’, por estar en riesgo la vida humana”.

“Nos llamó la atención y recurrimos este año, en junio al acceso a la información pública”, agregó. Dijo que la Dra. Graziuso respondió “con una amenaza” de estar “violando la constitución” por tramitar este asunto y con la insistencia de que era un asunto “secreto”.

El edil manifestó que, ante esta situación, decidió este lunes presentar una demanda judicial “de acceso a la información pública. Lo importante acá es entender qué información necesitamos. No pretendemos acceder a la operativa del sistema de videovigilancia”, ni cómo funciona, porque se entiende que esa puede ser “una información sensible. Queremos acceder al contrato que la Intendencia de Maldonado firma con la empresa israelí”, pagando “una suma elevadísima, de 18,5 millones de dólares” indicó.

Garlo consideró, asimismo, que “está mal”, desde el punto de vista jurídico que la IDM haya hecho este compra, entre otras cosas porque el Ministerio del Interior rechazó una adquisición de cámaras a esta empresa, ya que no cumplía los estándares mínimos requeridos, y porque la tarea no es competencia de los gobiernos departamentales.

PROCESO “SIN TRANSPARENCIA”

Además, apuntó que “el proceso se hace en forma secreta y directa, sin licitación pública. O sea, sin transparencia”.

“Por eso necesitamos acceder a esa información, para ejercer nuestra obligación de ejercer la obligación constitucional de controlar a la Intendencia de Maldonado. Por eso acudimos a la justicia para acceder a la información para controlar el gasto de los dineros públicos por parte del gobierno departamental”, explicó.

También señaló que, por un tema de competencias, el Ministerio del Interior no puede observar este tipo de compras o de contratos. “Si lo hizo seis veces el Tribunal de Cuentas. Y las observaciones fueron mantenidas cuando la IDM reiteró el gasto”, resaltó.