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La justicia decidió que el lanzamiento de las familias ocupantes de un terreno particular que forma parte del asentamiento Los Eucaliptus, conocido como sector D, sean desalojadas el próximo 13 de junio a la hora 10.
La baja en la venta de boletos, su costo y la indefinición sobre el subsidio departamental está generando preocupación a los trabajadores del transporte de Maldonado. Robert Remedios, del sindicato de Codesa, dijo que no está frente a una crisis aún, pero indicó que hay inquietud por lo que puede ocurrir en el sector en los meses venideros “porque el invierno recién está empezando”.
En una reunión que se celebrará el próximo viernes, 3 de junio, en la Junta Departamental, representantes políticos locales tratarán la problemática de los asentamientos en el departamento.
Cristian Mendoza, dirigente de la Sociedad de Fomento Rural de Maldonado, dijo a FM gente que los productores rurales le están reclamando “oxígeno” al gobierno en materia de créditos, para hacer frente a un momento “complejo”. Destacó que las perspectivas no son desfavorables, pues se aguarda un aumento en los precios de las materias primas a nivel internacional, desde mediados del año que viene.
El diputado frenteamplista Darío Pérez defendió la decisión del intendente Enrique Antía de encargar una auditoría y dijo que él también lo hubiera hecho. Señaló que, si hay dudas sobre la gestión, hay que denunciar y evitó pronunciarse sobre lo que tiene en sus manos la justicia. Por otra parte, consideró que el gobierno cometió un “tremendo error de comunicación” con el plan de ajuste que maneja para atenuar el déficit fiscal y dijo que Sendic tendría que dar un paso al costado. El legislador encabezó el acto de celebración de los 19 años de su sector, Cabildo 1813, y llamó a votar por Rafael Meilán para presidente del FA Maldonado y en blanco a la presidencia nacional.
Edgardo Novick, líder el Partido de la Concertación, dijo que el gobierno “mira de espaldas” la creciente desocupación que viene afectado al país, como lo observa en la recorrida que viene haciendo por pueblos y ciudades del Uruguay. Destacó que no le consta que el Poder Ejecutivo sea mentiroso o corrupto, pero sentenció que es “incapaz”. También defendió la decisión del senador Daniel Bianchi, que acaba de sumarte a su sector.
Pedro Rodríguez y Jonathan Silva, delegados del sindicato de UTE en Maldonado, explicaron en FM Gente el conflicto que tienen con el directorio del ente y sus fundamentos sobre la composición de la tarifa. En un cabildo que se realizó este viernes informaron sobre cómo UTE está privatizando servicios, energía , servicio público y tarifa.
El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio Maldonado, Pablo Pérez, confirmó a FM Gente que este viernes se solicitó formalmente una entrevista con el intendente Enrique Antía para conocer su posición sobre el desalojo de 200 familias de Los Eucaliptus sector del predio privado.
Este viernes, el líder de la Liga Federal Frenteamplista se reunió con integrantes del equipo económico del gobierno nacional para dialogar e intercambiar opiniones sobre las medidas presentadas recientemente.
José Sosa, presidente de la comisión de vecinos de Los Eucaliptus sector D, dijo en FM Gente que una asamblea realizada en las últimas horas decidió no tratar de prorrogar el desalojo masivo que tienen decretado para el lunes 6 de junio, a las 10 de la mañana, a la vez que el próximo martes marcharán hacia la Junta para exigirle una salida al sistema político.
El presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Corallo, dijo a FM Gente que si bien las medidas que se apresta a tomar el gobierno para tratar de reorientar el rumbo de la economía “no van a parar el país”, van contra el Uruguay, contra sus empresas y contra sus habitantes. Destacó que se entiende la situación, pero no se comparte que las herramientas que sean las correctas. Afirmó que, en esta circunstancia, “todo el país pierde”.
Los ediles Adolfo Varela, del Partido Nacional, y Fermín de los Santos del Frente Amplio, explicaron a FM Gente sus opiniones sobre un proyecto para facilitar la regularización de obras en viviendas del departamento, ejecutadas sin permiso de construcción al 31 de diciembre de 2014. Más allá de las salvedades que marcó la Alianza Progresista durante el debate, el proyecto fue aprobado por unanimidad y se elevó al Ejecutivo para promulgar el decreto correspondiente que tendrá un plazo de 18 meses para ampararse a sus beneficios.
